La Ley 1337 “De defensa nacional y de seguridad interna”, en el artículo 56, autoriza al Presidente de la República a utilizar en forma transitoria elementos de combate de las Fuerzas Armadas.
La normativa impone al titular del Poder Ejecutivo la conducción de las fuerzas militares y policiales afectadas al estado de excepción, señalando que “podrá designar un comandante de las operaciones de esas fuerzas”.
Agrega el artículo 56: “Tratándose de una forma excepcional, temporal y localizada, de empleo de elementos de combate, ella no incidirá en la doctrina, disciplina, cadena de mandos, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas de la Nación, ni autorizará acciones fuera de la ley o que de alguna manera entorpezcan el regular funcionamiento de los poderes de Estado”.
La Ley 1337 dice: “El Presidente de la República podrá designar un comandante de las operaciones de esas fuerzas”.
En el caso del estado de excepción, que rige parcialmente en el territorio nacional, Fernando Lugo decidió mantener mandos separados en la fuerza pública. En el caso de Fuerzas Militares, se creó la Fuerza Operacional Conjunta, a cargo del general Bartolomé Pineda.
La Policía Nacional, por su parte, mantiene su estructura y nombró un coordinador, que es el comisario principal Victorino Martínez. La Fuerza Operacional Conjunta y la Policía Nacional integran la Operación Py’aguapy.
El grave error del Poder Ejecutivo fue mantener las fuerzas de seguridad del Estado sin mando único; la carencia de comando centralizado significa que cada una de ellas puede operar prescindiendo de la otra.
Sermón de Lugo
El sábado 24 de abril comenzó a regir el estado de excepción en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes.
El alto mando policial y militar mantiene reuniones prácticamente diarias con Fernando Lugo; en cada una de esas oportunidades la orden era la misma: “Trabajen en conjunto, en forma coordinada”. Según los militares, resulta imposible coordinar acciones con la Policía Nacional y viceversa.
El sermón de Fernando Lugo no sirvió para nada y el resultado tenemos a la vista: el tiroteo mutuo en Hugua Ñandu, donde la Policía comenzó a disparar contra los militares, no es otra cosa sino reflejo de la falta de comando único.
Al decretarse el estado de excepción, la preocupación del alto mando policial giró en torno a impedir el nombramiento de un jefe militar como comandante de la fuerza pública. La Policía Nacional se niega a aceptar el mando militar, posibilidad que rechaza inclusive en forma transitoria.
Papel de Filizzola
Dado que la Ley 1337 no obliga expresamente a designar un comandante (dice “podrá”, no “deberá”) el mando policial logró su objetivo de seguir operando en forma independiente de los militares.
La Operación Py’aguapy está integrada por dos fuerzas, con comandos separados, que trabajan en paralelo, no en conjunto. Reflejo de la desconfianza mutua es que el general Bartolomé Pineda mintió en la noche del 8 de mayo al comisario Victorino Martínez sobre la operación que tendría lugar en Hugua Ñandu.
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