Lugo reconoce que el estado de excepción fue un fracaso

CONCEPCION (ABC). El Gobierno reconoció oficialmente ayer en Concepción el fracaso del operativo conjunto “Py’aguapy”, ejecutado en cinco departamentos en el marco del estado de excepción que se declaró para desbaratar el EPP. También se admitió que uno de los principales inconvenientes con los que tropezó la misión fue la mala relación entre las Fuerzas Armadas y la Policía. Hubo quejas contra el Ejecutivo por el abandono a la zona norte del país.

La audiencia pública de evaluación del alcance del estado de excepción se realizó ayer a la mañana en el Club Concepción, donde llegó el presidente de la República Fernando Lugo, acompañado de varios de sus ministros. Pero una vez más, el ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, estuvo ausente.
También participaron los gobernadores Emilio Pavón, de Concepción; Juan “Ancho” Ramírez, de Amambay, y José “Pakova” Ledesma, de San Pedro, al igual que intendentes y concejales municipales y departamentales, autoridades policiales, religiosas y representantes de la ciudadanía.
La mesa evaluadora estuvo integrada por el Mandatario, el ministro del Interior Rafael Filizzola, el general Bartolomé Ramón Pineda, por las Fuerzas Armadas, y el Crio. Gral. Victorino Martínez, en representación de la Policía.
El primero en hacer uso de palabra fue el Gral. Pineda, uno de los integrantes del comando de operaciones conjuntas, quien solo se limitó a detallar las estadísticas sobre la medida excepcional.
Pese a la gran movilización de tropas, ningún miembro activo o colaborador del Ejército del Pueblo Paraguayo fue detenido.

“Mucho aún se debe avanzar”

El ministro del Interior Rafael Filizzola, durante su discurso, reconoció oficialmente el fracaso de la misión conjunta. Dijo que “mucho aún se debe avanzar para una eficaz complementación de las fuerzas públicas”, en alusión a la crisis entre las Fuerzas Armadas y la Policía, el principal obstáculo con que se tropezó para concretar exitosamente el operativo desplegado para desbaratar el EPP.
El secretario de Estado calificó el asalto de militares a la subcomisaría de Hugua Ñandu, episodio que desató la crisis, como “un hecho aislado”, pero que les sirvió para aprender y tratar de complementar a las fuerzas de seguridad para futuras misiones.
El estado de excepción fue declarado tras el asesinato de cuatro trabajadores, entre ellos un policía, dentro del predio de la estancia “Santa Adelia” de Arroyito, distrito de Horqueta, el 21 de abril pasado.
El cuádruple asesinato fue atribuido a combatientes del EPP, por lo que justamente se convocó a una medida excepcional.

Ganaderos

Una vez más, ganaderos nucleados en la ARP exigieron garantías al Presidente de la República para “poder trabajar tranquilos”, según dijo uno de los productores que habló durante la audiencia. Los hacendados reclamaron mayor firmeza del Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia y pidieron seguridad física y jurídica, ya que conforme a los datos que manejan, el 50% de los ganaderos ya no acude a sus estancias por temor a ser secuestrados. Luis Lindstron y Fidel Zavala, ambos ganaderos del Norte, fueron víctimas de plagios del EPP.