Legisladores aceptan repartir las tierras de Antebi Cué

(ABC) Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Marcial González Safstrand (PPQ) y Andrés Retamozo (ANR), ven como una alternativa válida el planteamiento del Ejecutivo de distribuir las tierras de Antebi Cué a los carperos para zanjar la crisis en Ñacunday. Aceptan esta salida pese a la adelantada negativa de los dirigentes campesinos.

Safstrand alega que la ineficiencia y corrupción de los Gobiernos anteriores permitieron que esas tierras (Antebi Cué) fueran tomadas por ganaderos y brasileños, e inclusive por el diputado colorado Magdaleno Silva. Considera que el dominio expropiado es una deuda pendiente con los campesinos porque no se cumplió con el objetivo de otorgar la propiedad en su momento.
Sostiene que la intención del Gobierno es absolutamente válida, pero que también se debería dar el arraigo para que esas tierras puedan ser trabajadas. Espera que no se aproveche esta oportunidad para sacar rédito económico.
Afirma que existe mucho interés en las tierras de Ñacunday y que es por ello la obsesión de algunos dirigentes, como el gobernador José Pakova Ledesma y el líder carpero Victoriano López. De Ledesma, señala que persigue más bien un interés político.
Por su parte, el diputado Retamozo declara que, si bien se trata de una alternativa, se menciona que las tierras de Antebi Cué no servirían para la agricultura. Alega que en ese caso se podría recurrir a la explotación ganadera.

VALOR

Con relación a la resistencia de los campesinos para abandonar la zona, enfatiza que las tierras de Alto Paraná, comparadas con los suelos de Concepción, son mucho más fértiles. "El costo de unas tierras de Alto Paraná, en esa zona que ya está como para ser producida, orillaría mínimamente entre 10 mil a 15 mil dólares por hectárea, y allá no sé si los precios llegarían a 500 mil dólares. Está de por medio el alto valor de las tierras en Alto Paraná", sentenció el parlamentario.
Indicó que esta quizás sea la razón por la que se niegan los carperos a abandonar el sitio.
Relata que el Gobierno no cuenta con un censo confiable que determine si una persona ya fue beneficiada con tierras de la reforma agraria. Menciona que muchos de los campesinos fueron beneficiados con tierras públicas para luego venderlas.
"Es un problema que hay que atender y entablar un diálogo con todos los sectores. Acá se necesita de un pacto político, social y empresarial, y observar que se trata de un problema grave que podría agudizarse con el tiempo", mencionó.
El colorado sostiene que si no se aplican los mecanismos de solución, toda esta situación podría desembocar en un gran conflicto.
Para Retamozo, se debería frenar la tenencia de tierras a las personas que ya fueron adjudicadas.