La Cancillería paraguaya respondió este viernes al pedido de la CIDH en un comunicado en el que condenó el asesinato de Lezcano, líder de la Coordinadora Campesina “Gaspar Rodríguez de Francia” y conminó “al Estado de Paraguay a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.
Según la respuesta de la Cancillería, “el Gobierno repudia el asesinato” del dirigente campesino “en circunstancias aún no esclarecidas”.Asimismo, informa de que “todos los órganos jurisdiccionales competentes, de oficio y de manera inmediata posterior a los hechos, se han abocado a la investigación de los mismos a fin de esclarecerlos, deslindar responsabilidades penales y sancionar a los culpables”.
El Ejecutivo ratificó “su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos” y aseguró a la CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que los defensores de los derechos humanos en el país “gozan de todas las garantías para desarrollar libremente su trabajo, sin ningún tipo de interferencias”.
Benjamín Lezcano era un activista rural que se oponía al cultivo de alimentos genéticamente modificados (transgénicos) por parte de empresas multinacionales en los departamentos de Concepción y San Pedro.
En su nota del jueves, la CIDH recordó que en diciembre pasado también condenó el asesinato de otro defensor de los derechos humanos, Vidal Vega, líder del movimiento Campesinos sin Tierra y presidente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty.
La matanza entre policías y campesinos en Curuguaty, en junio de 2012, fue el detonante de la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político parlamentario.
Según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, la muerte de Lezcano elevó a 129 los casos de campesinos asesinados en el país en el marco de la lucha por la tierra desde 1989.
Según la respuesta de la Cancillería, “el Gobierno repudia el asesinato” del dirigente campesino “en circunstancias aún no esclarecidas”.Asimismo, informa de que “todos los órganos jurisdiccionales competentes, de oficio y de manera inmediata posterior a los hechos, se han abocado a la investigación de los mismos a fin de esclarecerlos, deslindar responsabilidades penales y sancionar a los culpables”.
El Ejecutivo ratificó “su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos” y aseguró a la CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que los defensores de los derechos humanos en el país “gozan de todas las garantías para desarrollar libremente su trabajo, sin ningún tipo de interferencias”.
Benjamín Lezcano era un activista rural que se oponía al cultivo de alimentos genéticamente modificados (transgénicos) por parte de empresas multinacionales en los departamentos de Concepción y San Pedro.
En su nota del jueves, la CIDH recordó que en diciembre pasado también condenó el asesinato de otro defensor de los derechos humanos, Vidal Vega, líder del movimiento Campesinos sin Tierra y presidente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la masacre de Curuguaty.
La matanza entre policías y campesinos en Curuguaty, en junio de 2012, fue el detonante de la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político parlamentario.
Según la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, la muerte de Lezcano elevó a 129 los casos de campesinos asesinados en el país en el marco de la lucha por la tierra desde 1989.
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