- El diputado colorado por Concepción, Alsimio Casco Ayala, quien dijo hablar en representación de varios sectores sociales de esta parte del país, cuestionó anoche la ley especial Antisecuestro a través de la cual se congelaron los bienes de la familia de Arlan Fick Bremm (16). Dijo que con esta medida la justicia ata de manos a los padres del menor secuestrado, y sostuvo que por encima de los bienes materiales debe primar la vida.
PASO TUYÁ, Dpto. de Concepción . “Hay que ver qué es más importante, la vida de Arlan o el dinero de sus padres. Yo creo que su familia daría todo lo que tuviera con tal de tenerlo de vuelta con ellos”, sostuvo el legislador de la ANR, Alsimio “Toti” Casco. “La gran mayoría de los norteños estamos en desacuerdo totalmente con esta ley porque la justicia ata completamente a los padres de Arlan, pero tampoco le dan nada a cambio, y mucho menos le garantizan que regrese con ellos sano y salvo”, dijo.
Arlan Fick Bremm fue secuestrado en la noche del miércoles 2 de abril pasado en esta colonia del distrito de Azote’y, cuando el primer anillo del EPP tomó por asalto el silo de su familia.
Sin embargo, el hecho punible de secuestro quedó configurado recién en la tarde del jueves 10 de abril, cuando los maleantes enviaron un mensaje a la familia en el que le exigían que hicieran difundir un video de la banda y que entregaran víveres por valor de 50.000 dólares en Kurusu de Hierro y Arroyito. Al día siguiente, el viernes 11 de abril, entró en vigencia automáticamente la ley especial antisecuestro N° 4005, que fue ejecutada por el fiscal antisecuestro Federico Delfino y oficializada por el juez de garantías de Horqueta Hernán Centurión. Con esta medida, difundida ayer, la familia Fick Bremm ya no puede disponer de sus bienes, por lo que se corta la posibilidad de que los padres de Arlan paguen algún tipo de rescate al EPP.
Lo que dice la norma
El artículo 1º de la normativa dice textualmente que “el Ministerio Público una vez que tenga conocimiento de la comisión de un delito de secuestro, podrá disponer además de otras medidas, con el fin de salvaguardar los intereses legítimos de la víctima, mientras esta permanezca privada de su libertad y previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de la víctima y sus familiares, así como de aquellos bienes respecto de los cuales se conduzcan como dueños”.
Añade que “la limitación de las operaciones bancarias abarcará las sumas que por su cuantía se presuman puedan tener como destino el pago del rescate”.
En otro punto, la ley explica que “para el efecto el Ministerio Público procederá a elaborar un inventario de bienes de la persona secuestrada, de su cónyuge o concubina, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, bajo declaración jurada de estos tres últimos indistintamente, y dará inmediatamente el aviso correspondiente a las oficinas de la Dirección General de los Registros Públicos; así como a las entidades bancarias, financieras y de seguros, ordenando que no permitan ningún movimiento en las cuentas y registros sin autorización del Ministerio Público, salvo aquellos movimientos que sean para pagos de gastos corrientes o deudas contraídas antes del secuestro”.
Finalmente, la ley especial antisecuestro indica que estos bienes congelados pasarán a disposición de un juez.
Fuente: ABC
Arlan Fick Bremm fue secuestrado en la noche del miércoles 2 de abril pasado en esta colonia del distrito de Azote’y, cuando el primer anillo del EPP tomó por asalto el silo de su familia.
Sin embargo, el hecho punible de secuestro quedó configurado recién en la tarde del jueves 10 de abril, cuando los maleantes enviaron un mensaje a la familia en el que le exigían que hicieran difundir un video de la banda y que entregaran víveres por valor de 50.000 dólares en Kurusu de Hierro y Arroyito. Al día siguiente, el viernes 11 de abril, entró en vigencia automáticamente la ley especial antisecuestro N° 4005, que fue ejecutada por el fiscal antisecuestro Federico Delfino y oficializada por el juez de garantías de Horqueta Hernán Centurión. Con esta medida, difundida ayer, la familia Fick Bremm ya no puede disponer de sus bienes, por lo que se corta la posibilidad de que los padres de Arlan paguen algún tipo de rescate al EPP.
Lo que dice la norma
El artículo 1º de la normativa dice textualmente que “el Ministerio Público una vez que tenga conocimiento de la comisión de un delito de secuestro, podrá disponer además de otras medidas, con el fin de salvaguardar los intereses legítimos de la víctima, mientras esta permanezca privada de su libertad y previa autorización judicial, el aseguramiento de los bienes de la víctima y sus familiares, así como de aquellos bienes respecto de los cuales se conduzcan como dueños”.
Añade que “la limitación de las operaciones bancarias abarcará las sumas que por su cuantía se presuman puedan tener como destino el pago del rescate”.
En otro punto, la ley explica que “para el efecto el Ministerio Público procederá a elaborar un inventario de bienes de la persona secuestrada, de su cónyuge o concubina, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, bajo declaración jurada de estos tres últimos indistintamente, y dará inmediatamente el aviso correspondiente a las oficinas de la Dirección General de los Registros Públicos; así como a las entidades bancarias, financieras y de seguros, ordenando que no permitan ningún movimiento en las cuentas y registros sin autorización del Ministerio Público, salvo aquellos movimientos que sean para pagos de gastos corrientes o deudas contraídas antes del secuestro”.
Finalmente, la ley especial antisecuestro indica que estos bienes congelados pasarán a disposición de un juez.
Fuente: ABC
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