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| Pedro Santacruz |
El jueves último, la Cámara Alta decidió estudiar la propuesta legislativa presentada por el senador del PDP Pedro Santa Cruz que plantea la derogación de la Ley N° 5036/13, la cual amplía a su vez la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que faculta al Presidente de la República desplazar militares y policías para combatir a grupos criminales armados.
Esta fue una de las primeras leyes aprobadas, y en tiempo récord, en el Congreso para que el nuevo gobierno que asumía en agosto del 2013 utilice fuerzas militares, en forma permanente, en el combate a las bandas criminales que actúan en la zona norte del país, como las autodenominadas Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y Agrupación Campesina Armada (ACA).
La eliminación de la FTC, integrada por militares y policías, se plantea con el argumento de que ha tenido muy pocos resultados en su misión y que prueba de ello es que el EPP sigue cometiendo crímenes, como el secuestro de personas.
También se alegó que el mantenimiento del grupo operativo significa ingentes gastos a las arcas públicas. Estimaron que en tres años, el Estado ya gastó unos 70 millones de dólares.
En cambio, para el Gobierno la evaluación de las actuaciones de la FTC es positiva. Aseguran que la fuerza operativa ha eliminado a la ACA. Sin embargo, un síntoma de la insatisfacción con el desempeño de la FTC es que el presidente Horacio Cartes ya cambió cinco veces al jefe del grupo operativo.
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