“Sin embargo, consideramos prudente realizar una audiencia pública y constituirnos el 2 de setiembre en la zona de afectación, que sería Horqueta, como lugar probable para reunirnos con los sectores políticos, sociales y escuchar un poco a la gente, a fin de que ellos nos transmitan su experiencia real sobre la presencia de la FTC en la zona norte del país”, indicó Petta.
Manifestó que no hubo oposición de los líderes de bancada para realizar la audiencia pública. En principio, se esperará el resultado de la audiencia para tratar en las comisiones y en el plenario el proyecto de ley presentado por el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Pedro Santa Cruz.
Según el legislador opositor, tomó la iniciativa de presentar la propuesta por los escasos resultados en materia de lucha contra el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y además por los gastos millonarios que representan una pesada carga para el Estado. De acuerdo a estimaciones del PDP, entre el 2013 y el 2015, el gobierno de Horacio Cartes gastó US$ 70 millones. Para el Gobierno esta cifra no es real.
El proyecto busca derogar la Ley N° 5036/13, que amplía a su vez la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que faculta al Presidente de la República desplazar militares y policías para combatir delitos para enfrentar al EPP en la zona norte del país. Con la derogación de la citada normativa se suprime también la FTC, integrada por militares y policías.
Tres secuestrados
El EPP, que mantiene secuestrados al suboficial de Policía Edelio Morínigo Florenciano (775 días) y a los menonitas Abrahán Fehr Banman (376) y Franz Wiebe Boschman (22 días), lleva perpetrado un total de 113 golpes, desde su primera aparición en 1997. La mitad de esos ataques se produjo durante el actual periodo presidencial de Cartes.
ABC
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