La semana pasada, una denuncia de un millonario pedido de coima dejó al descubierto lo que parecería ser un esquema de apriete para arreglar fallos judiciales.
En esta ocasión se sindica al presidente de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser, y Miguel Óscar Bajac como las personas que iban a cobrar por direccionar su fallo en un caso. La fiscalía montó una cámara oculta y fue detenido un funcionario judicial cercano a Bajac.
“Yo te voy a conseguir el fallo de Bajac, pero tenes que pagar...”, se escucha decir al funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán al empresario Neri Páez en una de las tantas reuniones que tuvieron ambos, l que fue filmada con la autorización de un juez.
El asistente personal del ministro Miguel Óscar Bajac, Gustavo Franco, también estuvo pidiendo dinero, según se desprende de la conversación grabada, y no se descarta que también sea imputado por la fiscalía.
“Yo te voy a conseguir el fallo de Bajac, pero tenes que pagar...”, se escucha decir al funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán al empresario Neri Páez en una de las tantas reuniones que tuvieron ambos, l que fue filmada con la autorización de un juez.
El asistente personal del ministro Miguel Óscar Bajac, Gustavo Franco, también estuvo pidiendo dinero, según se desprende de la conversación grabada, y no se descarta que también sea imputado por la fiscalía.
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| Oscar Bajac |
Rafael Ramírez, quien es oriundo de la ciudad de Concepción, al igual que el ministro Bajac, fue a solicitarle a Páez que firmase dos contratos por un monto de G. 3.700 millones cada uno a nombre de los abogados Ramón Aquino y Juan Ávila, para poder torcer el voto del miembro de la Corte a favor de una causa que estaba hace casi un año siendo estudiada por la Sala Civil.
Ramírez aseguraba que con el pago del dinero el voto de Bajac estaba asegurado, pero también solicitó un adelanto de dinero.
El lunes 2 de julio, Neri Páez denunció que estaba siendo objeto de una extorsión. Los fiscales Luis Piñánez y Victoria Acuña tomaron intervención, y esa misma tarde solicitaron al juez de turno, Paublino Escobar, que autorice la grabación y filmación de este caso, para poder detener a los responsables.
Desde ese momento, toda conversación entre Páez, Ramírez, Franco y Bajac fueron grabadas.
Ramírez le citó a Páez en la plaza que se encuentra frente al Palacio de Justicia, de Asunción, para que le hiciera la entrega de US$ 10.000.
Se marcó el encuentro para el mediodía, y se montó un operativo oculto. Efectivamente, Rafael Ramírez llegó a la cita, y Páez el entregó el dinero, que antes ya fue fotocopiado y detallado en acta. Ambas personas se encontraron, se hizo la entrada, y cuando Ramírez se iba retirando del lugar, fue detenido in fraganti.
El caso
Neri Páez relató que tenía un problema judicial con la Industria Nacional del Cemento (INC) por un trabajo que le realizó la empresa Cal Agro (de su propiedad) en la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos y que la cementera no pagó.
La empresa denuncio a la INC, y el caso se judicializó. En primera instancia, ganó la cementera nacional, pero en segunda revirtió la empresa privada, por lo que el caso fue a parar en la Corte Suprema.
Al decir de Páez, desde que el expediente en el cual se reclama un pago de US$ 40 millones, estuvo en la Corte, comenzaron los aprietes. Cansado de eso realizó la denuncia. ante el Ministerio Público.
Al parecer, según las primeras investigaciones existe todo un equipo de funcionarios judiciales y abogados que están realizando un esquema para negociar casos que están en la Corte Suprema de Justicia.
Si bien todavía no existen elementos contundentes respecto a que son efectivamente los dos ministros de la Corte citados los que presuntamente pidieron el dinero, la fiscalía anunció que va investigar a Miguel Óscar Bajac, cuyos funcionarios están más comprometidos con todo este tema.
El presidente de la Corte, el doctor Raúl Torres Kirmser, por su parte, también ordenó que sea auditado el caso y que se ponga todo lo que la fiscalía requiera para llegar a esclarecer este caso.
El denunciante Neri Páez, en su denuncia, también había señalado que fue varias veces a la casa del ministro Bajac para conversar con él sobre el arreglo de su proceso y también lo visitó en su despacho en el Palacio de Justicia.
Esta última aseveración es fácilmente comprobable; solo es necesario que la máxima instancia judicial entregue a los investigadores el circuito cerrado de la Corte.
Es más, el doctor Torres Kirmser, en la conferencia de prensa que dio tras conocerse el caso, dijo que todo está grabado y se puede comprobar que nunca recibió a Páez en su despacho.
Bajac sacó un tibio comunicado
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, quien fue el más salpicado por el escándalo del pedido de coima, no dio la cara tras el hecho.
Solo hizo llegar a los periodistas un tibio comunicado en el que señaló que el señor Rafael Ramírez Doldán no forma parte de su gabinete y que ostenta el cargo de técnico administrativo, asignado a la oficina de Facilitadores Judiciales, datos que ya se sabían, horas después de que se realizó el operativo por parte de la fiscalía.
“Por último, debo referir que el cargo que ocupo se encuentra expuesto a estas penosas situaciones, de las cuales me encuentro ajeno”, apuntó el ministro Bajac, quien el viernes se jubila y deja el cargo.
Sin embargo otro de sus funcionarios, Gustavo Franco, también está salpicado por este hecho y el ministro se olvidó por completo de esta persona que sí está a su cargo y sí forma parte de su gabinete. Franco también fue citado en la denuncia y si bien no estaba en el momento en que se cobró la coima, los fiscales Luis Piñánez y Victoria Acuña dejaron abierta la posibilidad de imputar a otras personas una vez que se cuenten con más pruebas. Existen grabaciones de conversaciones y filmaciones que todavía están siendo analizadas y podrían haber más novedades en los próximos días.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Raúl Torres Kirmser, quien fue nombrado por el denunciante, estaba haciéndose unos estudios en un centro asistencial privado y al enterarse del caso, dejó su atención médica y regresó al Palacio de Justicia a aclarar el tema; dijo no tener nada que ocultar, por eso salió a hablar. También manifestó estar tranquilo y no tener nada que ver en este caso.
El denunciante dijo que le hablaron de un dinero que tenía que cobrar el Dr. Torres Kirmser, pero que nunca ninguno de sus funcionarios se le acercó y tampoco habló con el presidente de la Corte.
Pero Neri Páez fue muy contundente al señalar que no solo fue “visitado” por los funcionarios de Bajac, sino que también dijo que se reunió doce veces con el ministro en su casa, también apuntó que vino varias veces hasta el despacho de Bajac, pero el integrante de la máxima instancia evitó dar una conferencia de prensa, tal vez para no tener que responder incómodas preguntas y solo hizo un descargo a través de un escueto comunicado que llegó a los periodistas a través de la dirección de prensa de la Corte.
ABC
Ramírez aseguraba que con el pago del dinero el voto de Bajac estaba asegurado, pero también solicitó un adelanto de dinero.
El lunes 2 de julio, Neri Páez denunció que estaba siendo objeto de una extorsión. Los fiscales Luis Piñánez y Victoria Acuña tomaron intervención, y esa misma tarde solicitaron al juez de turno, Paublino Escobar, que autorice la grabación y filmación de este caso, para poder detener a los responsables.
Desde ese momento, toda conversación entre Páez, Ramírez, Franco y Bajac fueron grabadas.
Ramírez le citó a Páez en la plaza que se encuentra frente al Palacio de Justicia, de Asunción, para que le hiciera la entrega de US$ 10.000.
Se marcó el encuentro para el mediodía, y se montó un operativo oculto. Efectivamente, Rafael Ramírez llegó a la cita, y Páez el entregó el dinero, que antes ya fue fotocopiado y detallado en acta. Ambas personas se encontraron, se hizo la entrada, y cuando Ramírez se iba retirando del lugar, fue detenido in fraganti.
El caso
Neri Páez relató que tenía un problema judicial con la Industria Nacional del Cemento (INC) por un trabajo que le realizó la empresa Cal Agro (de su propiedad) en la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos y que la cementera no pagó.
La empresa denuncio a la INC, y el caso se judicializó. En primera instancia, ganó la cementera nacional, pero en segunda revirtió la empresa privada, por lo que el caso fue a parar en la Corte Suprema.
Al decir de Páez, desde que el expediente en el cual se reclama un pago de US$ 40 millones, estuvo en la Corte, comenzaron los aprietes. Cansado de eso realizó la denuncia. ante el Ministerio Público.
Al parecer, según las primeras investigaciones existe todo un equipo de funcionarios judiciales y abogados que están realizando un esquema para negociar casos que están en la Corte Suprema de Justicia.
Si bien todavía no existen elementos contundentes respecto a que son efectivamente los dos ministros de la Corte citados los que presuntamente pidieron el dinero, la fiscalía anunció que va investigar a Miguel Óscar Bajac, cuyos funcionarios están más comprometidos con todo este tema.
El presidente de la Corte, el doctor Raúl Torres Kirmser, por su parte, también ordenó que sea auditado el caso y que se ponga todo lo que la fiscalía requiera para llegar a esclarecer este caso.
El denunciante Neri Páez, en su denuncia, también había señalado que fue varias veces a la casa del ministro Bajac para conversar con él sobre el arreglo de su proceso y también lo visitó en su despacho en el Palacio de Justicia.
Esta última aseveración es fácilmente comprobable; solo es necesario que la máxima instancia judicial entregue a los investigadores el circuito cerrado de la Corte.
Es más, el doctor Torres Kirmser, en la conferencia de prensa que dio tras conocerse el caso, dijo que todo está grabado y se puede comprobar que nunca recibió a Páez en su despacho.
Bajac sacó un tibio comunicado
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, quien fue el más salpicado por el escándalo del pedido de coima, no dio la cara tras el hecho.
Solo hizo llegar a los periodistas un tibio comunicado en el que señaló que el señor Rafael Ramírez Doldán no forma parte de su gabinete y que ostenta el cargo de técnico administrativo, asignado a la oficina de Facilitadores Judiciales, datos que ya se sabían, horas después de que se realizó el operativo por parte de la fiscalía.
“Por último, debo referir que el cargo que ocupo se encuentra expuesto a estas penosas situaciones, de las cuales me encuentro ajeno”, apuntó el ministro Bajac, quien el viernes se jubila y deja el cargo.
Sin embargo otro de sus funcionarios, Gustavo Franco, también está salpicado por este hecho y el ministro se olvidó por completo de esta persona que sí está a su cargo y sí forma parte de su gabinete. Franco también fue citado en la denuncia y si bien no estaba en el momento en que se cobró la coima, los fiscales Luis Piñánez y Victoria Acuña dejaron abierta la posibilidad de imputar a otras personas una vez que se cuenten con más pruebas. Existen grabaciones de conversaciones y filmaciones que todavía están siendo analizadas y podrían haber más novedades en los próximos días.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Raúl Torres Kirmser, quien fue nombrado por el denunciante, estaba haciéndose unos estudios en un centro asistencial privado y al enterarse del caso, dejó su atención médica y regresó al Palacio de Justicia a aclarar el tema; dijo no tener nada que ocultar, por eso salió a hablar. También manifestó estar tranquilo y no tener nada que ver en este caso.
El denunciante dijo que le hablaron de un dinero que tenía que cobrar el Dr. Torres Kirmser, pero que nunca ninguno de sus funcionarios se le acercó y tampoco habló con el presidente de la Corte.
Pero Neri Páez fue muy contundente al señalar que no solo fue “visitado” por los funcionarios de Bajac, sino que también dijo que se reunió doce veces con el ministro en su casa, también apuntó que vino varias veces hasta el despacho de Bajac, pero el integrante de la máxima instancia evitó dar una conferencia de prensa, tal vez para no tener que responder incómodas preguntas y solo hizo un descargo a través de un escueto comunicado que llegó a los periodistas a través de la dirección de prensa de la Corte.
ABC
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