El 20 de diciembre de 2018, Rojas presentó dos notas de pedidos, una a la Municipalidad y otra a la Junta Municipal, solicitando varios documentos que hacen relación con la venta del Puerto Nanawa a la empresa Terminal y Logística Portuaria SA (TLP). Posteriormente reiteró los pedidos en enero y febrero de este año y tras la falta de respuestas, Rojas presentó el amparo judicial, basado en la Ley 5282, recayendo los casos en el Juzgado Penal de Garantía del 2º Turno, a cargo de Hilda Benítez Vallejos (contra la Municipalidad) y el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del 2º Turno, Laura Villalba (contra la Junta Municipal).
A la Junta Municipal le solicitó las actas de las sesiones de los periodos 2014, 2015, 2016, 2017 y de enero a octubre del 2018.
Al intendente Urbieta le solicitó el monto percibido por la venta del Puerto de Concepción y a qué se destinó el dinero. También pidió comprobantes y órdenes de pago con sus respectivas facturas; planilla y orden de pago en el rubro de honorarios profesionales con sus respectivas facturas, facturas de los profesionales periodos fiscales años 2016, 2017 y de enero a octubre del 2018; pago y aporte de la Municipalidad de Concepción a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal de los periodos fiscales 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y de enero a octubre del 2018; licencia ambiental del vertedero municipal de Concepción del 2017 y 2018.
También exige el expediente de compra de terreno municipal individualizado con la Cta. Cte. Ctral. 17-0767-13, manzana Nº 767, superficie 3.600 m², solicitado por la firma emprendimiento Cristaldo SA; Resolución IM Nº 1344/14 sobre compra de terreno municipal de los lotes Nº 9ª, 9B, 9C, 9D, 9F, 9G, 9H, 9I, 9J, 9K, y 9M, manzana Nº 10, solicitado por la firma emprendimiento Cristaldo SA; copia autenticada de reconocimiento del cumplimiento de contrato de concesión y renuncia a cualquier acción civil y/o penal suscripta en fecha 16 de marzo de 2017 por Gustavo Rafael Noguera, presidente del directorio de la empresa Alcosur SA, que fue presentada el 11 de junio de 2018 a la Unidad Penal Nº 2, a cargo de la fiscala Sonia Sanguinez.
Pidió además la copia autenticada del dictamen de fecha 19 de mayo de 2017 de la asesoría jurídica de la Municipalidad de Concepción, a cargo de la abogada Teresa Magdalena Díaz Argüello sobre la solicitud de compra del inmueble del dominio municipal por parte de la empresa TLP. Es el segundo caso de amparo al que llegan los periodistas concepcioneros. El primero fue presentado por Claudia Fischer, que obtuvo a medias los documentos y por cuya consecuencia Urbieta fue imputado por desacato judicial, proceso que sigue.
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