Nuevos casos fueron registrados en Yby Yaú, Asunción y Pedro Juan Caballero.
El Ministerio de Salud confirmó ayer que llegan a cinco los casos de dengue confirmados hasta la fecha. El informe epidemiológico de la sala de situaciones revela, asimismo, que 66 casos fueron descartados y 64 continúan como sospechosos.
Uno de los casos reportados ayer corresponde a un joven de 20 años, quien había viajado a la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción, donde permaneció desde el 24 de diciembre al 6 de enero pasado. “Esta localidad es un probable foco de brote de la enfermedad; de hecho, ya fueron identificados otros casos sospechosos en la misma zona, y un caso confirmado por nexo epidemiológico”, sostiene el material remitido por Vigilancia. Asimismo, manifiesta que ayer se trasladó hasta la zona un equipo multidisciplinario para la investigación del brote.
Para la notificación de posibles casos, la ciudadanía puede llamar a la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio con el Dr. Iván Allende, al 203-998.
14 ene 2009
Aún no identifican a asesinos del dirigente campesino
Martín Ocampos fue ultimado de cinco balazos por dos hombres, en su propia casa.
El dirigente campesino Martín Ocampos murió de cinco balazos que recibió de dos sujetos en la noche del lunes en su casa, ubicada en la colonia Jorge Sebastián Miranda (Hugua Ñandu), a 90 kilómetros al noreste de Concepción.
Ocampos fue involucrado en la quema de la comisaría de la mencionada localidad en el 2006. Fue detenido junto a otros dos hombres y liberado posteriormente. Los investigadores lo apuntaron como el encargado de logística del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que se atribuyó el atentado.
Según referencias de otros dirigentes, Ocampos fue un fuerte líder de la lucha por la tierra, activista desde hace bastante tiempo de la Organización Campesina del Norte (OCN) en la región. Según el sector, Ocampos fue víctima de la lucha fuerte que mantienen con ganaderos brasileños en la zona de Hugua Ñandu.
El hecho, caratulado por la Fiscalía como homicidio doloso, ocurrió a las 20:55 del lunes en la casa de Ocampos, en el barrio Las Mercedes de la mencionada comunidad. Según el reporte, dos hombres que vestían remera, uno de color rojo y celeste el otro, se acercaron hasta el domicilio y cuando el dueño de casa de disponía a recibirlos, se produjeron los disparos mortales. La víctima acusó cinco heridas de arma de fuego, presumiblemente pistola calibre 9 milímetros, dos en el pecho, uno en el tórax, otro en la espalda y otro más en el antebrazo, lado derecho.
Ocampos se encontraba en compañía de Miguel Lara Páez (30), un vecino de la zona, cuando llegaron los presuntos autores, quienes ante el saludo dispararon a quemarropa. La víctima cayó al suelo y sus verdugos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Del lugar del hecho fueron recogidas 3 vainillas servidas y una bala que impactó en la sala.
Se hicieron presentes en el lugar la asistente fiscal Teresilde Fernández y el enfermero del puesto de salud local Jorge López Prieto, quien diagnosticó como causa de muerte shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego. El cuerpo fue entregado a la viuda, Mirna Cristaldo.
Recibía amenazas de muerte
La asistente fiscal Teresilde Fernández mencionó que la viuda de Ocampos, Mirna Cristaldo, le informó que en diciembre pasado su marido le había dicho que estaba recibiendo amenazas de muerte, pero no pudo precisar de quién o de qué sector.
Hasta el momento, la Fiscalía no tiene evidencias que puedan relacionar el asesinato con los conflictos que se producen en los últimos meses en el departamento.
Luego de la quema de la Comisaría de Hugua Ñandú (en 2006), Ocampos se había retirado del lugar, se fue a San Pedro a vivir, luego de denunciar amenazas de la Policía, según refirió un dirigente campesino.
El dirigente campesino Martín Ocampos murió de cinco balazos que recibió de dos sujetos en la noche del lunes en su casa, ubicada en la colonia Jorge Sebastián Miranda (Hugua Ñandu), a 90 kilómetros al noreste de Concepción.
Ocampos fue involucrado en la quema de la comisaría de la mencionada localidad en el 2006. Fue detenido junto a otros dos hombres y liberado posteriormente. Los investigadores lo apuntaron como el encargado de logística del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que se atribuyó el atentado.
Según referencias de otros dirigentes, Ocampos fue un fuerte líder de la lucha por la tierra, activista desde hace bastante tiempo de la Organización Campesina del Norte (OCN) en la región. Según el sector, Ocampos fue víctima de la lucha fuerte que mantienen con ganaderos brasileños en la zona de Hugua Ñandu.
El hecho, caratulado por la Fiscalía como homicidio doloso, ocurrió a las 20:55 del lunes en la casa de Ocampos, en el barrio Las Mercedes de la mencionada comunidad. Según el reporte, dos hombres que vestían remera, uno de color rojo y celeste el otro, se acercaron hasta el domicilio y cuando el dueño de casa de disponía a recibirlos, se produjeron los disparos mortales. La víctima acusó cinco heridas de arma de fuego, presumiblemente pistola calibre 9 milímetros, dos en el pecho, uno en el tórax, otro en la espalda y otro más en el antebrazo, lado derecho.
Ocampos se encontraba en compañía de Miguel Lara Páez (30), un vecino de la zona, cuando llegaron los presuntos autores, quienes ante el saludo dispararon a quemarropa. La víctima cayó al suelo y sus verdugos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Del lugar del hecho fueron recogidas 3 vainillas servidas y una bala que impactó en la sala.
Se hicieron presentes en el lugar la asistente fiscal Teresilde Fernández y el enfermero del puesto de salud local Jorge López Prieto, quien diagnosticó como causa de muerte shock hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego. El cuerpo fue entregado a la viuda, Mirna Cristaldo.
Recibía amenazas de muerte
La asistente fiscal Teresilde Fernández mencionó que la viuda de Ocampos, Mirna Cristaldo, le informó que en diciembre pasado su marido le había dicho que estaba recibiendo amenazas de muerte, pero no pudo precisar de quién o de qué sector.
Hasta el momento, la Fiscalía no tiene evidencias que puedan relacionar el asesinato con los conflictos que se producen en los últimos meses en el departamento.
Luego de la quema de la Comisaría de Hugua Ñandú (en 2006), Ocampos se había retirado del lugar, se fue a San Pedro a vivir, luego de denunciar amenazas de la Policía, según refirió un dirigente campesino.
Campesinos repudian operativo militar y piden la renuncia de Filizzola
Organizaciones de labriegos califican de total falta de inteligencia torturar para conseguir informaciones.
La Organización Nacional de Campesinos (ONAC) y la Central Nacional de Trabajadores (CNT) lanzaron en la víspera un comunicado en repudio a los procedimientos militares y policiales que se vienen llevando a cabo en San Pedro y Concepción, y responsabilizan de los hechos al ministro del Interior, Rafael Filizzola. Repudiaron, por otra parte, los hechos de torturas que fueron denunciados por los detenidos en Tacuatí el pasado domingo.
El secretario general de la ONAC, Ángel Giménez, durante una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de Pedro Parra (CNT), señaló que les parece una falta total de inteligencia que se esté utilizando métodos de tortura para obtener informaciones que además faltan a la verdad, según indicó. Acto seguido sugirió que el ministro del Interior debería renunciar a su cargo por honorabilidad.
“Es una ofensa a la inteligencia humana lo que están haciendo, no pueden de esta manera conseguir ninguna información, y el resultado es un fracaso, nosotros le responsabilizamos al ministro del Interior (Rafael Filizzola), él tiene que renunciar a su cargo por su honorabilidad, por los hechos de tortura que hubo …en esta época no se puede permitir que suceda esto”, indicó Giménez.
Dijo además que, operando de esta manera, difícilmente puedan obtener buenos resultados, puesto que mientras que “las fuerzas del orden público reprimen a los pequeños pobladores, los narcoganaderos están tranquilos observando los hechos como en un festín y tratando por todos los medios de responsabilizar a los campesinos de los hechos vandálicos para desacreditar su lucha”.
El líder campesino sostuvo además que “a nosotros nos gustaría que allanen las grandes estancias narcoganaderas que existen en la zona, para que puedan conseguir informaciones reales de la delincuencia que existe, no hicieron eso, ellos se fueron a amedrentar a pequeños pobladores de la zona”, criticó Giménez.
Prosiguió en su denuncia señalando que “los narcoganaderos están tranquilos mirando los hechos como si fuera un festín para ellos y creo que si un poquitito de inteligencia tienen las fuerzas militares deberían ir a investigar cómo están actuando los grandes terrateniente, narcotraficantes empotrados en la zona”.
Concluyó reflexionando que gracias a la voluntad política de este Gobierno, principalmente del presidente Fernando Lugo, se está implementando una política agraria con la CEPRA y que “eso ven con malos ojos esta gente (narcoganaderos) , y entonces tienen que buscar por todos los medios responsabilizarnos de estos hechos en los que no tenemos nada que ver”, dijo en relación a la quema del puesto militar en Tacuatí.
La Organización Nacional de Campesinos (ONAC) y la Central Nacional de Trabajadores (CNT) lanzaron en la víspera un comunicado en repudio a los procedimientos militares y policiales que se vienen llevando a cabo en San Pedro y Concepción, y responsabilizan de los hechos al ministro del Interior, Rafael Filizzola. Repudiaron, por otra parte, los hechos de torturas que fueron denunciados por los detenidos en Tacuatí el pasado domingo.
El secretario general de la ONAC, Ángel Giménez, durante una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de Pedro Parra (CNT), señaló que les parece una falta total de inteligencia que se esté utilizando métodos de tortura para obtener informaciones que además faltan a la verdad, según indicó. Acto seguido sugirió que el ministro del Interior debería renunciar a su cargo por honorabilidad.
“Es una ofensa a la inteligencia humana lo que están haciendo, no pueden de esta manera conseguir ninguna información, y el resultado es un fracaso, nosotros le responsabilizamos al ministro del Interior (Rafael Filizzola), él tiene que renunciar a su cargo por su honorabilidad, por los hechos de tortura que hubo …en esta época no se puede permitir que suceda esto”, indicó Giménez.
Dijo además que, operando de esta manera, difícilmente puedan obtener buenos resultados, puesto que mientras que “las fuerzas del orden público reprimen a los pequeños pobladores, los narcoganaderos están tranquilos observando los hechos como en un festín y tratando por todos los medios de responsabilizar a los campesinos de los hechos vandálicos para desacreditar su lucha”.
El líder campesino sostuvo además que “a nosotros nos gustaría que allanen las grandes estancias narcoganaderas que existen en la zona, para que puedan conseguir informaciones reales de la delincuencia que existe, no hicieron eso, ellos se fueron a amedrentar a pequeños pobladores de la zona”, criticó Giménez.
Prosiguió en su denuncia señalando que “los narcoganaderos están tranquilos mirando los hechos como si fuera un festín para ellos y creo que si un poquitito de inteligencia tienen las fuerzas militares deberían ir a investigar cómo están actuando los grandes terrateniente, narcotraficantes empotrados en la zona”.
Concluyó reflexionando que gracias a la voluntad política de este Gobierno, principalmente del presidente Fernando Lugo, se está implementando una política agraria con la CEPRA y que “eso ven con malos ojos esta gente (narcoganaderos) , y entonces tienen que buscar por todos los medios responsabilizarnos de estos hechos en los que no tenemos nada que ver”, dijo en relación a la quema del puesto militar en Tacuatí.
Acusan a policías de atacar una estancia
HORQUETA (ABC, corresponsal).
Empleados de la estancia Santa Adelia, ubicada en el núcleo número cuatro del asentamiento de Arroyito de este distrito, denunciaron que el miércoles 7 de enero fueron atacados por agentes policiales de la comisaría de Azote’y, quienes dispararon contra ellos e hirieron a dos. Los empleados de la citada estancia denunciaron el hecho al fiscal de turno, Abog. Guillermo Ortega, ayer en compañía del Abog. Abel Darío Areco.
En representación de los 16 trabajadores del citado establecimiento, cuatro compañeros llegaron hasta esta corresponsalía para relatar que en la noche del miércoles de la semana pasada, aproximadamente a las 22:30, llegaron hasta la estancia unos seis agentes policiales que sin mediar palabras dispararon contra ellos. En la oportunidad fueron heridos Nery Riquelme, paraguayo, soltero (24 años) y un menor de 15 años.
Aldo Fretes, uno de los empleados contratados por Jorge Zenatti, el propietario de la estancia, manifestó que fueron sorprendidos por los agentes policiales que empezaron a disparar sin mediar palabra.
Ayer intentamos obtener la versión del jefe de la citada dependencia policial, suboficial mayor Eligio Duarte, pero fuentes de la comisaría 3ª de Horqueta informaron que en la comisaría de Azote’y no cuentan con teléfono.
Empleados de la estancia Santa Adelia, ubicada en el núcleo número cuatro del asentamiento de Arroyito de este distrito, denunciaron que el miércoles 7 de enero fueron atacados por agentes policiales de la comisaría de Azote’y, quienes dispararon contra ellos e hirieron a dos. Los empleados de la citada estancia denunciaron el hecho al fiscal de turno, Abog. Guillermo Ortega, ayer en compañía del Abog. Abel Darío Areco.
En representación de los 16 trabajadores del citado establecimiento, cuatro compañeros llegaron hasta esta corresponsalía para relatar que en la noche del miércoles de la semana pasada, aproximadamente a las 22:30, llegaron hasta la estancia unos seis agentes policiales que sin mediar palabras dispararon contra ellos. En la oportunidad fueron heridos Nery Riquelme, paraguayo, soltero (24 años) y un menor de 15 años.
Aldo Fretes, uno de los empleados contratados por Jorge Zenatti, el propietario de la estancia, manifestó que fueron sorprendidos por los agentes policiales que empezaron a disparar sin mediar palabra.
Ayer intentamos obtener la versión del jefe de la citada dependencia policial, suboficial mayor Eligio Duarte, pero fuentes de la comisaría 3ª de Horqueta informaron que en la comisaría de Azote’y no cuentan con teléfono.
13 ene 2009
"Los del EPP se radicalizaron y dejaron la Iglesia", afirma el Obispo Ortiz
El obispo de Concepción llamó al presidente Lugo para pedir que se respeten los derechos de los dirigentes campesinos presos, pero no obtuvo respuestas. Dijo que desde hace 3 años se sabe del grupo.
En la soledad del edificio del Obispado de Concepción, monseñor Zacarías Ortiz discaba una y otra vez un viejo teléfono, pero no obtuvo respuestas.
Ayer, desde muy temprano, intentó hablar con su ex hermano obispo, Fernando Lugo, hoy presidente de la República, para transmitirle su preocupación por la suerte de los seis dirigentes de la Organización Campesina del Norte (OCN), Crispín Fernández, Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Américo Fernández Romero, Néstor Damián Fernández y Sebastián Martínez Valenzuela, apresados el domingo en Kurusu de Hierro, bajo sospechas de pertenecer al presunto grupo armado llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Pero la voz al otro lado del tubo le contestaba una y otra vez: "El presidente no está disponible".
Cerca del mediodía, el obispo viajó hasta Paso Itá, Tacuatí, donde los seis dirigentes son mantenidos incomunicados por los militares, para tratar de verificar la situación en que se encuentran.
"Los militares han tomado a estos dirigentes para interrogarlos, para ver si alguien no les dice en dónde están escondidos los miembros del grupo armado, pero mi temor es que utilicen métodos inapropiados, que sean torturados. Hasta ahora no sabemos cómo han pasado la noche. No creo que sean miembros del EPP", indicó.
YA LO SABÍA.
El obispo de Concepción reconoció que en sus giras pastorales por el departamento, viene escuchando hablar de la existencia del EPP desde hace aproximadamente tres años, cuando hicieron su irrupción en la zona de Puentesiño, cerca del río Apa, cuando fue asesinado el policía Óscar Noceda.
"El ambiente que viven Concepción y San Pedro, de extrema pobreza y abandono de las autoridades, ha dado origen a este movimiento, que quiere por lo menos apresurar una realidad que ellos están esperando, con el mejoramiento de la vida en la región. Pero ellos son una minoría. El pueblo de Concepción es tranquilo, y ha sido sorprendido por estos acontecimientos", destaca.
Para monseñor Ortiz ya no quedan dudas de que sí existe el grupo armado. "No sé si llamarles guerrilleros, o lo que sea, pero sé que preconizan la violencia como una forma de llamar la atención del Estado paraguayo, que hasta este momento ha dejado abandonado a su suerte a mucha gente", destaca.
"Se dan cuenta de que por cualquier falta contra propiedades o intereses de grandes estancieros o empresarios, los campesinos son castigados rápidamente. Para eso sí hay fuerza. Pero cuando hay asesinatos de campesinos, como muchos que sucedieron en Concepción, todo queda en la impunidad, en el opa rei. La Policía no hace nada, la Fiscalía tampoco. Esto parece ofensivo, es un trato desigual de la Justicia; entonces o renega hicuai y piensan que con la violencia van a llamar la atención de las autoridades", explica.
DIFERENCIAS.
El obispo insiste, sin embargo, que las autoridades deben diferenciar las acciones del EPP de las de otras organizaciones campesinas que actúan en la zona, y que a veces usan actitudes violentas, pero no están con un levantamiento guerrillero.
"Son grupos que se rebelan, hacen huelga, incluso llegaron a tomar de rehenes a los fiscales y periodistas, pero no tienen que ver con este grupo. Son gente sobreviviendo en la pobreza, ayudados a veces por madereros para ocupar una reserva y sacar madera como forma de subsistencia ante la pobreza. Son campesinos desesperados ante la necesidad, que hacen cualquier cosa", pintó el panorama.
Se muestra preocupado por las denuncias de las detenciones durante la intervención armada. "Esto es resultado de una presión que viene de arriba, de los terratenientes, de los grandes agroempresarios, que piden la presencia de los militares. No sé hasta qué punto puede resultar, pero ocurre por la incapacidad de la Policía. Aquí los policías no tienen recursos, andan con pocas armas y acaban siendo ayudados por estancieros y hasta narcotraficantes que les proveen dinero y combustible", denuncia.
UN TIRE Y AFLOJE
La historia entre el obispo de Concepción monseñor Zacarías Ortiz y el presidente Fernando Lugo está minado de elogios y críticas. Primeramente el religioso de la zona norte había felicitado a Lugo por animarse a activar en política. Sin embargo, en los últimos tiempos adoptó una actitud mucho más crítica, criticándole el hecho de que sus propuestas electorales no se están aplicando.
Ortiz es uno de los pocos obispos que reconoció públicamente su preferencia electoral hacia Lugo, lo cual le valió la crítica de otros altos exponentes de la jerarquía eclesial.
El 27 de noviembre pasado el obispo de Concepción causó revuelo cuando dijo que los campesinos sólo están interesados por marihuana y que no les preocupa la solución del problema de la falta de tierra. En la homilía de Caacupé, Ortiz dijo que el presidente debe trabajar para eliminar la inseguridad reinante en el país y que también tiene que "escuchar más al pueblo que le eligió". También dijo que existe anarquía en el actual Gobierno.
"NUNCA SE PROMOVIÓ LA LUCHA ARMADA", DIJO
Con respecto a las declaraciones de José Villalba, hermano de Carmen Villalba, de que los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se formaron en la Iglesia Católica, en épocas del obispo concepcionero Aníbal Maricevich, monseñor Ortiz responde: "Es cierto que en la Iglesia se formó a mucha gente a organizarse, a tener una conciencia social aguda, pero nunca se promovió ni se promoverá la lucha armada, el uso de cualquier forma de violencia", tomó distancia del supuesto grupo guerrillero.
Dijo que Carmen Villalba y sus compañeros, que fueron catequistas en las parroquias de Concepción, se radicalizaron y dejaron la Iglesia.
"Ellos saben muy bien que nosotros no estamos con la violencia, pero sí con que la gente se organice y resuelva su situación", indicó.
El obispo señala que también los dirigentes de la Organización Campesina del Norte (OCN), que se formaron en filas de la Iglesia, pasaron por un proceso similar.
"La OCN nació en el seno de la Iglesia, pero hoy sus miembros están en otra línea. No digo que admitan la guerrilla, pero si prácticas como la ocupación violenta de tierras, y asumen una ideología de tipo marxista. La Iglesia se desentendió de ellos, hace rato, y ellos hacen oposición a la Iglesia en las bases donde actúan, aunque últimamente un sector más blando se está acercando a nuestra Pastoral Social", indica monseñor Ortiz.
En la soledad del edificio del Obispado de Concepción, monseñor Zacarías Ortiz discaba una y otra vez un viejo teléfono, pero no obtuvo respuestas.
Ayer, desde muy temprano, intentó hablar con su ex hermano obispo, Fernando Lugo, hoy presidente de la República, para transmitirle su preocupación por la suerte de los seis dirigentes de la Organización Campesina del Norte (OCN), Crispín Fernández, Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Américo Fernández Romero, Néstor Damián Fernández y Sebastián Martínez Valenzuela, apresados el domingo en Kurusu de Hierro, bajo sospechas de pertenecer al presunto grupo armado llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Pero la voz al otro lado del tubo le contestaba una y otra vez: "El presidente no está disponible".
Cerca del mediodía, el obispo viajó hasta Paso Itá, Tacuatí, donde los seis dirigentes son mantenidos incomunicados por los militares, para tratar de verificar la situación en que se encuentran.
"Los militares han tomado a estos dirigentes para interrogarlos, para ver si alguien no les dice en dónde están escondidos los miembros del grupo armado, pero mi temor es que utilicen métodos inapropiados, que sean torturados. Hasta ahora no sabemos cómo han pasado la noche. No creo que sean miembros del EPP", indicó.
YA LO SABÍA.
El obispo de Concepción reconoció que en sus giras pastorales por el departamento, viene escuchando hablar de la existencia del EPP desde hace aproximadamente tres años, cuando hicieron su irrupción en la zona de Puentesiño, cerca del río Apa, cuando fue asesinado el policía Óscar Noceda.
"El ambiente que viven Concepción y San Pedro, de extrema pobreza y abandono de las autoridades, ha dado origen a este movimiento, que quiere por lo menos apresurar una realidad que ellos están esperando, con el mejoramiento de la vida en la región. Pero ellos son una minoría. El pueblo de Concepción es tranquilo, y ha sido sorprendido por estos acontecimientos", destaca.
Para monseñor Ortiz ya no quedan dudas de que sí existe el grupo armado. "No sé si llamarles guerrilleros, o lo que sea, pero sé que preconizan la violencia como una forma de llamar la atención del Estado paraguayo, que hasta este momento ha dejado abandonado a su suerte a mucha gente", destaca.
"Se dan cuenta de que por cualquier falta contra propiedades o intereses de grandes estancieros o empresarios, los campesinos son castigados rápidamente. Para eso sí hay fuerza. Pero cuando hay asesinatos de campesinos, como muchos que sucedieron en Concepción, todo queda en la impunidad, en el opa rei. La Policía no hace nada, la Fiscalía tampoco. Esto parece ofensivo, es un trato desigual de la Justicia; entonces o renega hicuai y piensan que con la violencia van a llamar la atención de las autoridades", explica.
DIFERENCIAS.
El obispo insiste, sin embargo, que las autoridades deben diferenciar las acciones del EPP de las de otras organizaciones campesinas que actúan en la zona, y que a veces usan actitudes violentas, pero no están con un levantamiento guerrillero.
"Son grupos que se rebelan, hacen huelga, incluso llegaron a tomar de rehenes a los fiscales y periodistas, pero no tienen que ver con este grupo. Son gente sobreviviendo en la pobreza, ayudados a veces por madereros para ocupar una reserva y sacar madera como forma de subsistencia ante la pobreza. Son campesinos desesperados ante la necesidad, que hacen cualquier cosa", pintó el panorama.
Se muestra preocupado por las denuncias de las detenciones durante la intervención armada. "Esto es resultado de una presión que viene de arriba, de los terratenientes, de los grandes agroempresarios, que piden la presencia de los militares. No sé hasta qué punto puede resultar, pero ocurre por la incapacidad de la Policía. Aquí los policías no tienen recursos, andan con pocas armas y acaban siendo ayudados por estancieros y hasta narcotraficantes que les proveen dinero y combustible", denuncia.
UN TIRE Y AFLOJE
La historia entre el obispo de Concepción monseñor Zacarías Ortiz y el presidente Fernando Lugo está minado de elogios y críticas. Primeramente el religioso de la zona norte había felicitado a Lugo por animarse a activar en política. Sin embargo, en los últimos tiempos adoptó una actitud mucho más crítica, criticándole el hecho de que sus propuestas electorales no se están aplicando.
Ortiz es uno de los pocos obispos que reconoció públicamente su preferencia electoral hacia Lugo, lo cual le valió la crítica de otros altos exponentes de la jerarquía eclesial.
El 27 de noviembre pasado el obispo de Concepción causó revuelo cuando dijo que los campesinos sólo están interesados por marihuana y que no les preocupa la solución del problema de la falta de tierra. En la homilía de Caacupé, Ortiz dijo que el presidente debe trabajar para eliminar la inseguridad reinante en el país y que también tiene que "escuchar más al pueblo que le eligió". También dijo que existe anarquía en el actual Gobierno.
"NUNCA SE PROMOVIÓ LA LUCHA ARMADA", DIJO
Con respecto a las declaraciones de José Villalba, hermano de Carmen Villalba, de que los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se formaron en la Iglesia Católica, en épocas del obispo concepcionero Aníbal Maricevich, monseñor Ortiz responde: "Es cierto que en la Iglesia se formó a mucha gente a organizarse, a tener una conciencia social aguda, pero nunca se promovió ni se promoverá la lucha armada, el uso de cualquier forma de violencia", tomó distancia del supuesto grupo guerrillero.
Dijo que Carmen Villalba y sus compañeros, que fueron catequistas en las parroquias de Concepción, se radicalizaron y dejaron la Iglesia.
"Ellos saben muy bien que nosotros no estamos con la violencia, pero sí con que la gente se organice y resuelva su situación", indicó.
El obispo señala que también los dirigentes de la Organización Campesina del Norte (OCN), que se formaron en filas de la Iglesia, pasaron por un proceso similar.
"La OCN nació en el seno de la Iglesia, pero hoy sus miembros están en otra línea. No digo que admitan la guerrilla, pero si prácticas como la ocupación violenta de tierras, y asumen una ideología de tipo marxista. La Iglesia se desentendió de ellos, hace rato, y ellos hacen oposición a la Iglesia en las bases donde actúan, aunque últimamente un sector más blando se está acercando a nuestra Pastoral Social", indica monseñor Ortiz.
ANDE Y ESSAP: Se declara en emergencia
Los concejales declararon en emergencia al departamento por falta de agua y energía eléctrica.
Tanto la junta municipal como la junta departamental declaró la emergencia distrital y departamental por los sucesivos cortes de energía eléctrica y de agua que sufre la población concepcionera.
Los ediles urgen a los presidentes de los dos entes que solucionen los problemas, porque los pobladores ya no pueden aguantar la falta de agua potable y luz eléctrica en este verano.
El presidente de Essap, Emiliano Insfrán, visitó Concepción la semana pasada y había prometido ampliar la planta de tratamiento y renovar las bombas que se utilizan para abastecer de agua a Concepción.
La infraestructura de Essap data de la última parte de la década del 70 y la ciudadanía ha recibido varias promesas de mejoramiento y ampliación de la planta. En la ciudad de Concepción, el ente posee más de 5.000 usuarios, de los cuales una gran mayoría recibe un poco de agua solo en horas de la noche.
Asimismo, el jefe regional de la Ande, Pedro Pereira, indicó que el ente no posee ningún transformador de reserva en la zona de Concepción y que es muy difícil solucionar el problema.
Tanto la junta municipal como la junta departamental declaró la emergencia distrital y departamental por los sucesivos cortes de energía eléctrica y de agua que sufre la población concepcionera.
Los ediles urgen a los presidentes de los dos entes que solucionen los problemas, porque los pobladores ya no pueden aguantar la falta de agua potable y luz eléctrica en este verano.
El presidente de Essap, Emiliano Insfrán, visitó Concepción la semana pasada y había prometido ampliar la planta de tratamiento y renovar las bombas que se utilizan para abastecer de agua a Concepción.
La infraestructura de Essap data de la última parte de la década del 70 y la ciudadanía ha recibido varias promesas de mejoramiento y ampliación de la planta. En la ciudad de Concepción, el ente posee más de 5.000 usuarios, de los cuales una gran mayoría recibe un poco de agua solo en horas de la noche.
Asimismo, el jefe regional de la Ande, Pedro Pereira, indicó que el ente no posee ningún transformador de reserva en la zona de Concepción y que es muy difícil solucionar el problema.
Liberan a 3 de los 6 detenidos en Kurusu de Hierro
De acuerdo a la Fiscalía, los que quedaron en prisión tenían orden de captura por un homicidio cometido años atrás.
La detención de tres de los seis demorados el pasado domingo en la compañía Kurusu de Hierro, distrito de Horqueta, Concepción, fue dispuesta ayer por la Fiscalía, a cargo de Ninfa Aguilar, quien resolvió en tanto, la liberación de los restantes tres, quienes también conformaban el grupo de sospechosos de haber participado como apoyo de la banda que asaltó e incendió el destacamento militar de Tacuatí, San Pedro, el pasado 31 de diciembre.
Los tres detenidos que fueron derivados a la reforzada unidad militar de Tacuatí y posteriormente a Horqueta, a cargo del Ministerio Público, son Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera y Sebastián Martínez Valenzuela.
Sin embargo, a diferencia de la sospecha de los investigadores, la detención de las tres personas no obedece al ataque del puesto militar en cuestión, sino a la presunta responsabilidad en un hecho de homicidio ocurrido en Horqueta, hace cierto tiempo; a lo que se suman causas por supuesto abigeato. Alcides Martínez Vera fue beneficiado con medida sustitutiva de prisión en el caso por abigeato.
En contrapartida, fueron liberados Crispín Martínez, Américo Fernández Romero y Néstor Damián Fernández. Según la fiscala Sandra Quiñónez, otra de las representantes del Ministerio Público que actúa en la zona, en estos tres casos no fueron obtenidos indicios de su participación en el atropello al puesto militar, ni en el delito por el cual ahora son investigados sus compañeros.
Por orden del juez de garantías de la localidad de Santa Rosa del Aguaray, César Domínguez, los seis mencionados habían sido aprehendidos en Kurusu de Hierro, aproximadamente a las 13:00 del pasado domingo, mientras iban a una reunión de la Organización Campesina Nacional (OCN). Como ayer a la misma hora se cumplían las 24 horas estipuladas como máximo para la declaración fiscal, este trámite fue cumplido y tomadas las referidas resoluciones.
El juez Domínguez había remarcado la peligrosidad de los seis hombres, por lo que deberían ser mantenidos bajo resguardo de la fuerzas conjuntas, en la III División de Caballería, pues la comisaría de Tacuatí no reúne las condiciones de seguridad requeridas.
Con la decisión de la Fiscalía, la versión inicial de la investigación toma un brusco giro, pues en principio, el propio comandante de la Policía Nacional, Viviano Machado, había señalado la implicancia en los hechos de Tacuatí. Señalaba que se habían encargado del transporte de los atacantes y de ocultar las armas.
Otras fuentes policiales precisaron que los que desarrollaron tales roles habían sido los ahora liberados Américo Fernández Romero y Néstor Damián Fernández.
La detención de tres de los seis demorados el pasado domingo en la compañía Kurusu de Hierro, distrito de Horqueta, Concepción, fue dispuesta ayer por la Fiscalía, a cargo de Ninfa Aguilar, quien resolvió en tanto, la liberación de los restantes tres, quienes también conformaban el grupo de sospechosos de haber participado como apoyo de la banda que asaltó e incendió el destacamento militar de Tacuatí, San Pedro, el pasado 31 de diciembre.
Los tres detenidos que fueron derivados a la reforzada unidad militar de Tacuatí y posteriormente a Horqueta, a cargo del Ministerio Público, son Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera y Sebastián Martínez Valenzuela.
Sin embargo, a diferencia de la sospecha de los investigadores, la detención de las tres personas no obedece al ataque del puesto militar en cuestión, sino a la presunta responsabilidad en un hecho de homicidio ocurrido en Horqueta, hace cierto tiempo; a lo que se suman causas por supuesto abigeato. Alcides Martínez Vera fue beneficiado con medida sustitutiva de prisión en el caso por abigeato.
En contrapartida, fueron liberados Crispín Martínez, Américo Fernández Romero y Néstor Damián Fernández. Según la fiscala Sandra Quiñónez, otra de las representantes del Ministerio Público que actúa en la zona, en estos tres casos no fueron obtenidos indicios de su participación en el atropello al puesto militar, ni en el delito por el cual ahora son investigados sus compañeros.
Por orden del juez de garantías de la localidad de Santa Rosa del Aguaray, César Domínguez, los seis mencionados habían sido aprehendidos en Kurusu de Hierro, aproximadamente a las 13:00 del pasado domingo, mientras iban a una reunión de la Organización Campesina Nacional (OCN). Como ayer a la misma hora se cumplían las 24 horas estipuladas como máximo para la declaración fiscal, este trámite fue cumplido y tomadas las referidas resoluciones.
El juez Domínguez había remarcado la peligrosidad de los seis hombres, por lo que deberían ser mantenidos bajo resguardo de la fuerzas conjuntas, en la III División de Caballería, pues la comisaría de Tacuatí no reúne las condiciones de seguridad requeridas.
Con la decisión de la Fiscalía, la versión inicial de la investigación toma un brusco giro, pues en principio, el propio comandante de la Policía Nacional, Viviano Machado, había señalado la implicancia en los hechos de Tacuatí. Señalaba que se habían encargado del transporte de los atacantes y de ocultar las armas.
Otras fuentes policiales precisaron que los que desarrollaron tales roles habían sido los ahora liberados Américo Fernández Romero y Néstor Damián Fernández.
Afirman que no había billetes falsos
Luz Marina Leguizamón, hija de Concepción Leguizamón, calificó de injusta la acción de militares y policías que allanaron la vivienda de su padre, el último sábado en horas de la madrugada, ocasión en que incautaron una computadora de su propiedad, un equipo de radiocomunicación, billetes falsos y otros elementos.
La vivienda allanada se encuentra en el kilómetro 29 de la ruta V “Gral. Bernardino Caballero”, María Auxiliadora. Sostuvo que los militares no presentaron orden judicial y se llevaron su computadora que es su mano derecha con la cual estudiaba. Además dijo que no se encontraba ningún billete falso como informó la prensa. Explicó que eran nada más que prácticas de escaneado en papeles en los que se encontraban impresas figuras de billetes. Dijo que había guardado dichas hojas con la impresión de la figura de los billetes solo en uno de sus lados y de ninguna manera se los puede calificar de billetes falsos.
La fiscala Sandra Quiñónez informó que solicitará el permiso judicial para realizar el peritaje del equipo informático y verificar su contenido. Luz Marina señaló que tenía copias de carátulas de trabajos prácticos realizados en su computadora sobre uso de armas que realizó para Arnaldo Vázquez, primo suyo que el año pasado estudiaba la carrera policial y actualmente la ejerce en la comisaría 3ª de esta ciudad. Indicó además que el equipo de radio encontrado en su domicilio lo dejó hace aproximadamente tres años Luis Leguizamón, otro primo suyo, quien es técnico, con el objetivo de retirarlo para su reparación.
Sin embargo, no vino para retirar el equipo e indicó que trabaja recorriendo la zona, llegando casa por casa para ofrecer su servicio a familias del área rural. También cuestionó la actitud de unos 60 militares y policías que ingresaron a su casa alrededor de las 05:00 horas del sábado 10 de enero tratándolos como delincuentes. Dijo que con el asesoramiento de abogados denunciarán lo acontecido en la justicia local para recuperar su computadora, por la que aún debe varias cuotas.
La vivienda allanada se encuentra en el kilómetro 29 de la ruta V “Gral. Bernardino Caballero”, María Auxiliadora. Sostuvo que los militares no presentaron orden judicial y se llevaron su computadora que es su mano derecha con la cual estudiaba. Además dijo que no se encontraba ningún billete falso como informó la prensa. Explicó que eran nada más que prácticas de escaneado en papeles en los que se encontraban impresas figuras de billetes. Dijo que había guardado dichas hojas con la impresión de la figura de los billetes solo en uno de sus lados y de ninguna manera se los puede calificar de billetes falsos.
La fiscala Sandra Quiñónez informó que solicitará el permiso judicial para realizar el peritaje del equipo informático y verificar su contenido. Luz Marina señaló que tenía copias de carátulas de trabajos prácticos realizados en su computadora sobre uso de armas que realizó para Arnaldo Vázquez, primo suyo que el año pasado estudiaba la carrera policial y actualmente la ejerce en la comisaría 3ª de esta ciudad. Indicó además que el equipo de radio encontrado en su domicilio lo dejó hace aproximadamente tres años Luis Leguizamón, otro primo suyo, quien es técnico, con el objetivo de retirarlo para su reparación.
Sin embargo, no vino para retirar el equipo e indicó que trabaja recorriendo la zona, llegando casa por casa para ofrecer su servicio a familias del área rural. También cuestionó la actitud de unos 60 militares y policías que ingresaron a su casa alrededor de las 05:00 horas del sábado 10 de enero tratándolos como delincuentes. Dijo que con el asesoramiento de abogados denunciarán lo acontecido en la justicia local para recuperar su computadora, por la que aún debe varias cuotas.
Asesinan a supuesto integrante del Ejercito del Pueblo Paraguayo
Un presunto integrante del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue ultimado a balazos en su propia vivienda por dos desconocidos, quienes también formarían parte del grupo armado.
El asesinado es Martín Ocampos Páez casado, mayor de edad, domiciliado en el barrio Las Mercedes de la zona Jorge Sebastián Miranda, quien fue detenido como uno de los sospechosos en el 2006 por incendiar la Subcomisaría 27, de Huguá Ñandú, Concepción.
Según los investigadores, Ocampos Páez fue investigado en su momento junto a Anastacio Rodríguez Silva y Celso Efrén Cristaldo Muñoz.
En la noche de este lunes, alrededor de las 21, dos personas llegaron hasta el domicilio de Martín Ocampos Páez, quien salió a conversar animadamente con ellos, pero luego se escucharon los tiros.
Los sicarios dispararon al dueño de casa y huyeron con rumbo desconocido, amparados por la oscuridad de la noche.
Un grupo importante de la comitiva policial que se encuentra rastrillando las zonas de Tacuatí y Kurusu de Hierro se trasladó anoche hasta la Subcomisaría de Huguá Ñandú para iniciar la investigación referente al nuevo hecho que tendría vinculación con el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo.
La Policía cree que los jefes del grupo guerrillero recibieron informaciones de que Martín Ocampos Páez estaba pasando datos a los investigadores, por lo que se fueron a matarle.
Ocampos Páez habría estado ligado al primer ataque a la sede policial, el 19 de abril del 2006, pero poco después de ser detenido consiguió su libertad, al no obtener pruebas contundentes en su contra.
Tampoco se descarta su participación en el ataque al puesto militar en Tacuatí.
En el Norte inician cosecha de sésamo.
TACUARA, distrito de Horqueta (Enviado ABC).
Ya se inició la cosecha del sésamo en esta zona del país y muchos productores no encuentran todavía a quiénes poder vender la oleaginosa a cambio de efectivo, según confirmó el productor Vicente Romero, quien cultivó 13 hectáreas.
Romero ya empezó a cortar y emparvar sus plantas de sésamo, pero solo recibió propuestas de cambiar su cosecha por provistas, tales como azúcar, arroz, entre otros, pero no dinero en efectivo.
Dijo que ante las buenas ganancias que obtuvo el año pasado con 8 hectáreas, este año invirtió un poco más y sembró un total de 13 hectáreas, pero con el resultado de una disminución de cerca del 50% en el rendimiento, con relación al año pasado.
Informó que en el 2008 cosechó más de 800 kilogramos por hectárea, mientras que este año, comparando el desarrollo vegetativo y cargado de granos, estima que obtendrá apenas un poco más de 400 kilogramos por hectárea. Comentó que la sequía y el ataque de un mal que él denomina “mbiru” son presumiblemente las causas de la drástica reducción de rendimiento.
Ante consultas, dijo que utilizó semillas certificadas obtenidas de la firma Shirosawa, aunque desarrolló su cultivo según criterios propios, debido a que no accedió a la asistencia técnica, ni pública ni privada.
SE PODRÍA PERDER EL MERCADO DEL JAPÓN
En otro orden, durante el recorrido de campo contactamos telefónicamente con el directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (Capexe), Ing. Agr. Eloy Boggino, quien confirmó que todavía no existe precio base para pagar por el sésamo, y aseguró que no se trata de especulación. Advirtió que el sector necesita unos US$ 80 millones para poder levantar la cosecha de la presente zafra; de lo contrario, se podría perder el mercado del Japón, en perjuicio del sector productivo campesino.
Ya se inició la cosecha del sésamo en esta zona del país y muchos productores no encuentran todavía a quiénes poder vender la oleaginosa a cambio de efectivo, según confirmó el productor Vicente Romero, quien cultivó 13 hectáreas.
Romero ya empezó a cortar y emparvar sus plantas de sésamo, pero solo recibió propuestas de cambiar su cosecha por provistas, tales como azúcar, arroz, entre otros, pero no dinero en efectivo.
Dijo que ante las buenas ganancias que obtuvo el año pasado con 8 hectáreas, este año invirtió un poco más y sembró un total de 13 hectáreas, pero con el resultado de una disminución de cerca del 50% en el rendimiento, con relación al año pasado.
Informó que en el 2008 cosechó más de 800 kilogramos por hectárea, mientras que este año, comparando el desarrollo vegetativo y cargado de granos, estima que obtendrá apenas un poco más de 400 kilogramos por hectárea. Comentó que la sequía y el ataque de un mal que él denomina “mbiru” son presumiblemente las causas de la drástica reducción de rendimiento.
Ante consultas, dijo que utilizó semillas certificadas obtenidas de la firma Shirosawa, aunque desarrolló su cultivo según criterios propios, debido a que no accedió a la asistencia técnica, ni pública ni privada.
SE PODRÍA PERDER EL MERCADO DEL JAPÓN
En otro orden, durante el recorrido de campo contactamos telefónicamente con el directivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo (Capexe), Ing. Agr. Eloy Boggino, quien confirmó que todavía no existe precio base para pagar por el sésamo, y aseguró que no se trata de especulación. Advirtió que el sector necesita unos US$ 80 millones para poder levantar la cosecha de la presente zafra; de lo contrario, se podría perder el mercado del Japón, en perjuicio del sector productivo campesino.
Ordenan detención de sospechosos del ataque a cuartel de Tacuatí
Concepción.- (Corresponsal de ABC)
Los seis sospechosos de formar parte del Ejército del Pueblo Paraguayo abandonaron ayer el campamento militar de Tacuatí. Cuatro fueron llevados a Concepción y dos a Tacuatí. Los comandos militares y de la Policía Nacional realizaron ayer una serie de intervenciones en los alrededores de Kurusu de Hierro, Horqueta.
La fiscala Ninfa Aguilar cumplió ayer una maratónica jornada tomando declaraciones a seis sospechosos de pertenecer al Ejército del Pueblo Paraguayo. Logró presentar a tiempo el acta necesaria para que el juzgado ordene la detención de los supuestos responsables, mientras que la abogada Miryam Villalba, hermana de Carmen, intentaba incidentar y lograr que el pedido sea rechazado. Cuatro fueron llevados a Concepción y dos quedaron en Tacuatí, a disposición del Ministerio Público.
La Fiscalía había solicitado al juez de garantías César Domínguez la detención de seis sospechosos del asalto al destacamento militar de la III División de Caballería y la solicitud fue concedida por el juzgado.
Los detenidos son Crispín Martínez, Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Américo Fernández Romero, Néstor Damián Fernández y Sebastián Martínez Aguilera. La Policía Nacional sostiene que estas personas pertenecen al Ejército del Pueblo Paraguayo y que participaron del atraco al destacamento militar.
Cuatro detenidos, identificados como Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Sebastián Martínez Aguilera y Américo Fernández Romero, quienes habrían cometido asesinatos en el primer departamento, fueron trasladados en un helicóptero militar a Concepción, y dado que se inició una investigación fiscal sobre el tema fueron remitidos a la jurisdicción de la fiscalía concepcionera.
Crispín Martínez y Sebastián Martínez Aguilera, quienes completan el grupo de seis sospechosos, quedaron detenidos en la comisaría de Tacuatí, bajo fuerte resguardo de las fuerzas de seguridad del Estado, por orden del juez César Domínguez.
LOGÍSTICA
Según investigaciones de la Policía Nacional, los detenidos, que ya se encuentran en Concepción, facilitaron el transporte de los atacantes hasta las inmediaciones del destacamento militar Tacuatí. Al finalizar el ataque, los delincuentes fueron llevados hasta el otro lado del río Ypané. Otro equipo, entre los cuales estarían Crispín Martínez y Néstor Damián Fernández, tuvo la responsabilidad de ocultar las armas empleadas en el ataque, a fin de que los asaltantes pudieran huir hacia Concepción sin portar armas, que los habrían delatado.
Los seis detenidos fueron localizados en el asentamiento Kurusu de Hierro, por el servicio de inteligencia de la Policía Nacional. La detención se produjo en virtud de una orden judicial y los fiscales Francisco Caballero y Ninfa Aguilar tuvieron a su cargo la dirección del operativo en que participaron efectivos policiales y militares.
EN CAMPAMENTO MILITAR
Dada la peligrosidad atribuida a estas personas, el juzgado de garantías ordenó que fueran resguardados en el campamento militar instalado en Tacuatí. Se realizó una inspección médica de las condiciones en que llegaron al lugar y allí pasaron la noche. A las 6 de la mañana, el juez Domínguez se presentó en el destacamento, entrevistó a los detenidos y posteriormente un médico forense volvió a inspeccionarlos, oportunidad en que se constató que estaban en las mismas condiciones que la noche anterior y que no sufrieron ningún tipo de maltratos.
INCIDENTE Y ACUSACIONES
La fiscala Ninfa Aguilar, con su equipo de asistentes, llegó a las 8 de la mañana e inmediatamente comenzó a tomar declaraciones a los detenidos. La tarea del Ministerio Público fue maratónica, uno a uno los sospechosos se presentaron para presentar alegato y ejercer su derecho de defensa.
A las 11 de la mañana llegó al destacamento militar monseñor Zacarías Ortiz, acompañado de Myrian y José Villalba, hermanos de Carmen Villalba. Myrian se presentó como abogada defensora de los detenidos y José “Carpintero”, conocido así en Concepción por su profesión, alegó ser dirigente de la organización Articulación Urbana y Rural de Concepción. Los tres exigieron entrevistarse con los detenidos, pero la fiscala Ninfa Aguilar dispuso que lo harían luego de terminar sus diligencias, lo que molestó sobremanera tanto al monseñor como a los hermanos Villalba, pero al final no tuvieron otra opción más que esperar.
Alrededor de las 14 horas ingresaron, se reunieron a solas con los detenidos por espacio de media hora aproximadamente. Al salir del destacamento, Miryan lanzó fuertes acusaciones contra la detención de los sospechosos, poniendo en tela de juicio la legalidad del procedimiento dirigido por un juez de garantías y dos fiscales.
José “Carpintero”, por su parte, llegó hasta el general Alfredo Machuca y comenzó a gritar diciendo que fueron salvajemente torturados, acusando al comandante del Ejército de manchar su uniforme. El general Machuca negó terminantemente la acusación. El militar mencionó que fueron inspeccionados por médicos y finalmente pidió pruebas que pudieran avalar tales afirmaciones. La respuesta de José “Carpintero” fue la siguiente: “No necesito dar pruebas, la palabra de mis compañeros es suficiente para mí”.Se apartó del destacamento y fue a dictar por teléfono un comunicado a la opinión pública, diciendo que “se confirmó plenamente que los humildes campesinos fueron torturados”.
LOS VILLALBA
Carmen Villalba realizando apología a la violencia armada, reivindicando las acciones violentas de los delincuentes agrupados en el Ejército del Pueblo Paraguayo; su hermana Miryan, abogada defensora de sospechosos de cometer graves crímenes, y José dictando comunicados con acusaciones de torturas, sin presentar ningún elemento de juicio que pudiera dar fe de apremios ilegales.
ZACARÍAS
Monseñor Zacarías Ortiz, por su parte, declaró que los detenidos no tienen ninguna relación con el atentado del 31 de diciembre, pero reconoció que existen campesinos radicalizados que optaron por la lucha armada contra el Estado paraguayo.
Los seis detenidos en el campamento militar por orden del juez de garantías fueron llevados en helicóptero, primero a Tacuatí y luego a Concepción.
En dichas localidades continuarán las investigaciones, tanto de la Policía como del Ministerio Público.
Los seis sospechosos de formar parte del Ejército del Pueblo Paraguayo abandonaron ayer el campamento militar de Tacuatí. Cuatro fueron llevados a Concepción y dos a Tacuatí. Los comandos militares y de la Policía Nacional realizaron ayer una serie de intervenciones en los alrededores de Kurusu de Hierro, Horqueta.
La fiscala Ninfa Aguilar cumplió ayer una maratónica jornada tomando declaraciones a seis sospechosos de pertenecer al Ejército del Pueblo Paraguayo. Logró presentar a tiempo el acta necesaria para que el juzgado ordene la detención de los supuestos responsables, mientras que la abogada Miryam Villalba, hermana de Carmen, intentaba incidentar y lograr que el pedido sea rechazado. Cuatro fueron llevados a Concepción y dos quedaron en Tacuatí, a disposición del Ministerio Público.
La Fiscalía había solicitado al juez de garantías César Domínguez la detención de seis sospechosos del asalto al destacamento militar de la III División de Caballería y la solicitud fue concedida por el juzgado.
Los detenidos son Crispín Martínez, Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Américo Fernández Romero, Néstor Damián Fernández y Sebastián Martínez Aguilera. La Policía Nacional sostiene que estas personas pertenecen al Ejército del Pueblo Paraguayo y que participaron del atraco al destacamento militar.
Cuatro detenidos, identificados como Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Sebastián Martínez Aguilera y Américo Fernández Romero, quienes habrían cometido asesinatos en el primer departamento, fueron trasladados en un helicóptero militar a Concepción, y dado que se inició una investigación fiscal sobre el tema fueron remitidos a la jurisdicción de la fiscalía concepcionera.
Crispín Martínez y Sebastián Martínez Aguilera, quienes completan el grupo de seis sospechosos, quedaron detenidos en la comisaría de Tacuatí, bajo fuerte resguardo de las fuerzas de seguridad del Estado, por orden del juez César Domínguez.
LOGÍSTICA
Según investigaciones de la Policía Nacional, los detenidos, que ya se encuentran en Concepción, facilitaron el transporte de los atacantes hasta las inmediaciones del destacamento militar Tacuatí. Al finalizar el ataque, los delincuentes fueron llevados hasta el otro lado del río Ypané. Otro equipo, entre los cuales estarían Crispín Martínez y Néstor Damián Fernández, tuvo la responsabilidad de ocultar las armas empleadas en el ataque, a fin de que los asaltantes pudieran huir hacia Concepción sin portar armas, que los habrían delatado.
Los seis detenidos fueron localizados en el asentamiento Kurusu de Hierro, por el servicio de inteligencia de la Policía Nacional. La detención se produjo en virtud de una orden judicial y los fiscales Francisco Caballero y Ninfa Aguilar tuvieron a su cargo la dirección del operativo en que participaron efectivos policiales y militares.
EN CAMPAMENTO MILITAR
Dada la peligrosidad atribuida a estas personas, el juzgado de garantías ordenó que fueran resguardados en el campamento militar instalado en Tacuatí. Se realizó una inspección médica de las condiciones en que llegaron al lugar y allí pasaron la noche. A las 6 de la mañana, el juez Domínguez se presentó en el destacamento, entrevistó a los detenidos y posteriormente un médico forense volvió a inspeccionarlos, oportunidad en que se constató que estaban en las mismas condiciones que la noche anterior y que no sufrieron ningún tipo de maltratos.
INCIDENTE Y ACUSACIONES
La fiscala Ninfa Aguilar, con su equipo de asistentes, llegó a las 8 de la mañana e inmediatamente comenzó a tomar declaraciones a los detenidos. La tarea del Ministerio Público fue maratónica, uno a uno los sospechosos se presentaron para presentar alegato y ejercer su derecho de defensa.
A las 11 de la mañana llegó al destacamento militar monseñor Zacarías Ortiz, acompañado de Myrian y José Villalba, hermanos de Carmen Villalba. Myrian se presentó como abogada defensora de los detenidos y José “Carpintero”, conocido así en Concepción por su profesión, alegó ser dirigente de la organización Articulación Urbana y Rural de Concepción. Los tres exigieron entrevistarse con los detenidos, pero la fiscala Ninfa Aguilar dispuso que lo harían luego de terminar sus diligencias, lo que molestó sobremanera tanto al monseñor como a los hermanos Villalba, pero al final no tuvieron otra opción más que esperar.
Alrededor de las 14 horas ingresaron, se reunieron a solas con los detenidos por espacio de media hora aproximadamente. Al salir del destacamento, Miryan lanzó fuertes acusaciones contra la detención de los sospechosos, poniendo en tela de juicio la legalidad del procedimiento dirigido por un juez de garantías y dos fiscales.
José “Carpintero”, por su parte, llegó hasta el general Alfredo Machuca y comenzó a gritar diciendo que fueron salvajemente torturados, acusando al comandante del Ejército de manchar su uniforme. El general Machuca negó terminantemente la acusación. El militar mencionó que fueron inspeccionados por médicos y finalmente pidió pruebas que pudieran avalar tales afirmaciones. La respuesta de José “Carpintero” fue la siguiente: “No necesito dar pruebas, la palabra de mis compañeros es suficiente para mí”.Se apartó del destacamento y fue a dictar por teléfono un comunicado a la opinión pública, diciendo que “se confirmó plenamente que los humildes campesinos fueron torturados”.
LOS VILLALBA
Carmen Villalba realizando apología a la violencia armada, reivindicando las acciones violentas de los delincuentes agrupados en el Ejército del Pueblo Paraguayo; su hermana Miryan, abogada defensora de sospechosos de cometer graves crímenes, y José dictando comunicados con acusaciones de torturas, sin presentar ningún elemento de juicio que pudiera dar fe de apremios ilegales.
ZACARÍAS
Monseñor Zacarías Ortiz, por su parte, declaró que los detenidos no tienen ninguna relación con el atentado del 31 de diciembre, pero reconoció que existen campesinos radicalizados que optaron por la lucha armada contra el Estado paraguayo.
Los seis detenidos en el campamento militar por orden del juez de garantías fueron llevados en helicóptero, primero a Tacuatí y luego a Concepción.
En dichas localidades continuarán las investigaciones, tanto de la Policía como del Ministerio Público.
12 ene 2009
Comunidad indígena podría perder proyecto de construcción de casas
Concepcion.- (ABC)En la comunidad indígena de Redención se prevé la construcción de 32 viviendas que serán financiadas por el Gobierno y la ayuda de México. Pero el proyecto podría no ejecutarse porque el predio no está a nombre de los nativos. y tienen plazo hasta mayo para presentar el título.
Desde hace casi tres décadas indígenas de diferentes etnias ocupan un predio de una hectárea, que hasta el año pasado pertenecía a la diócesis de Concepción. Actualmente, ha sido transferida a la Municipalidad, que deberá hacer lo mismo a la comunidad indígena “Juan Diego” para poder iniciarse la construcción de las viviendas.
Según Jacinta Pereira, cacique de la colectividad, las documentaciones para el traspaso del título a nombre de los indígenas se ha retrasado bastante y corren el riesgo de perder el proyecto de la edificación de 32 casas.
El requisito que ha solicitado la viceconsulesa de México en esta ciudad, Dra. Yolanda Canale de Bogarín, es que el título del terreno esté a nombre de la comunidad indígena. “Nos han dado tiempo hasta el mes de mayo para tener las documentaciones en orden; de lo contrario, no se realizará el proyecto que será de gran ayuda”, señalo Jacinta Pereira.
Cada una de las viviendas tendrá dos dormitorios, un baño, una cocina comedor y una sala, construidos totalmente de material cocido, según el proyecto.
La comunidad indígena está ubicada en el barrio Redención de la capital del primer departamento, ocupa un predio de una hectárea desde hace casi tres décadas. En el lugar viven 57 familias.
Los nativos de la parcialidad Angaite, Sanapaná, Lengua, Chamacoco y Guana han dejado su hábitat natural para buscar una mejor calidad de vida e instalarse en el casco urbano de Concepción. Los indígenas han venido desde Puerto Colón, Yvyratí, Karaja Vuelta y Puerto Casado. La creciente del río Paraguay, a principios de los años ochenta y la falta de fuentes de trabajo estimularon el éxodo masivo de los nativos.
Actualmente, 286 indígenas viven en el barrio Redención y en el sitio funciona la escuela “San Juan Diego”, donde los niños asisten hasta el sexto grado. Al concluir la formación primaria, deben ingresar en otra institución educativa. Muchos indígenas estudian en el Instituto Salesiano San José, donde no pagan nada, dijo Pereira.
La mayoría se dedica a la venta de periódicos y bingo, otros realizan trabajos casuales en la ciudad, mientras algunos otros trabajan en estancias. En la comunidad se iniciará próximamente la construcción de una huerta que ayudará al sustento de los nativos. Además, algunas familias se dedican a criar cerdo, gallina y paloma.
Desde el mes de setiembre, los indígenas poseen dentro del predio que ocupan un tanque, de donde se proveen de agua, ayudaron para la compra e instalación la Gobernación y el Obispado de Concepción. También tienen un dispensario médico.
Gobernación mejora caminos en Horqueta
La ruta de 150 kilómetros que va a kuruzu de Hierro está siendo arreglada.
La gobernación está realizando un trabajo de mejoramiento de las rutas en la zona de kuruzu de Hierro, en el distrito de Horqueta. Se prevén unos 150 kilómetros de perfilado que incluye una parte de reconstrucción de caminos en la zona de Paso Itá. Por otro lado, tanto la municipalidad de Horqueta como autoridades de la gobernación insistirán ante el MOPC por el empedrado del ramal Horqueta Tacuatí, una obra inconclusa de gobiernos anteriores. Las tareas actuales se realizan desde Capitán Sosa a Paso Itá, pasando por tramos del viejo proyecto no culminado de Horqueta a Tacuatí, y de ahí hacia la zona de kuruzu de Hierro.
El secretario de obras públicas de la entidad, arquitecto Francisco Huerta, informó que un equipo vial compuesto de una moto niveladora, una pala cargadora, tres volquetes y una topadora está realizando las tareas en la región. Esta semana se estaría reforzando con dos volquetes y una moto niveladora más. Los trabajos comenzaron el 20 de diciembre luego de las tareas en la ruta a Vallemí. Según Huerta, estarían terminados en unos 15 días aproximadamente. Los lugares donde ya se realizaron los trabajos se encuentran en muy buenas condiciones aunque en la zona de Paso Itá se quedó maltrecha debido a su utilización luego de la lluvia de inicio de año.
La cuestión del estado de los caminos en kuruzu de Hierro fue uno de los más fuertes reclamos de esta colonia ubicada a unos 100 kilómetros al este de Concepción.
Entre el viernes y el sábado debería ir un refuerzo.Una motoniveladora, una pala cargadora, tres volquetes y una topadora Debe ir una motoniveladora más y dos volquetes más Recostrucción de camino en paso itá Desmontaje de camino y volver a cargar.
El resto perfilar todo los camiones internos Empezó el 20 de diciembre.,luego de los trabajos de vallemí En 15 días más.Camino a tacuatí 150 kilómetros Incluye caminos internos entre comunidad. Después del trabajo en vallemí. Posiblemente sería en la zona de Calles 10 11. Horqueta y arroyito. La municipalidad y la gobernación están pidiendo que se haga otra vez el empedrado de Horqueta – Tacuatí. Al MOPC… Capitán Sosa – Paso Itá y de ahí a kuruzu de hierro.
La gobernación está realizando un trabajo de mejoramiento de las rutas en la zona de kuruzu de Hierro, en el distrito de Horqueta. Se prevén unos 150 kilómetros de perfilado que incluye una parte de reconstrucción de caminos en la zona de Paso Itá. Por otro lado, tanto la municipalidad de Horqueta como autoridades de la gobernación insistirán ante el MOPC por el empedrado del ramal Horqueta Tacuatí, una obra inconclusa de gobiernos anteriores. Las tareas actuales se realizan desde Capitán Sosa a Paso Itá, pasando por tramos del viejo proyecto no culminado de Horqueta a Tacuatí, y de ahí hacia la zona de kuruzu de Hierro.
El secretario de obras públicas de la entidad, arquitecto Francisco Huerta, informó que un equipo vial compuesto de una moto niveladora, una pala cargadora, tres volquetes y una topadora está realizando las tareas en la región. Esta semana se estaría reforzando con dos volquetes y una moto niveladora más. Los trabajos comenzaron el 20 de diciembre luego de las tareas en la ruta a Vallemí. Según Huerta, estarían terminados en unos 15 días aproximadamente. Los lugares donde ya se realizaron los trabajos se encuentran en muy buenas condiciones aunque en la zona de Paso Itá se quedó maltrecha debido a su utilización luego de la lluvia de inicio de año.
La cuestión del estado de los caminos en kuruzu de Hierro fue uno de los más fuertes reclamos de esta colonia ubicada a unos 100 kilómetros al este de Concepción.
Entre el viernes y el sábado debería ir un refuerzo.Una motoniveladora, una pala cargadora, tres volquetes y una topadora Debe ir una motoniveladora más y dos volquetes más Recostrucción de camino en paso itá Desmontaje de camino y volver a cargar.
El resto perfilar todo los camiones internos Empezó el 20 de diciembre.,luego de los trabajos de vallemí En 15 días más.Camino a tacuatí 150 kilómetros Incluye caminos internos entre comunidad. Después del trabajo en vallemí. Posiblemente sería en la zona de Calles 10 11. Horqueta y arroyito. La municipalidad y la gobernación están pidiendo que se haga otra vez el empedrado de Horqueta – Tacuatí. Al MOPC… Capitán Sosa – Paso Itá y de ahí a kuruzu de hierro.
La Policía dice capturar a miembros del EPP.
Kuruzú de hierro, Concepción.-Dirigentes de la Organización Campesinos del Norte fueron aprehendidos el domingo por efectivos policiales y militares. Según el comisario Viviano Machado, son los mismos que atacaron el puesto militar de Tacuatí.
El servicio de información del Gobierno comunicó anoche que efectivos policiales y militares capturaron a seis miembros de la banda armada que atacó el destacamento militar de Tacuatí, San Pedro.
Se trata de Crispín Fernández, Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Américo Fernández Romero, Néstor Damián Fernández y Sebastián Martínez Valenzuela, integrantes de la Organización Campesinos del Norte (OCN).
Un comunicado del Gobierno expresa que el propio comisario Viviano Machado, quien dirige el operativo, señala que los seis capturados son delincuentes vinculados a los que asaltaron y quemaron el puesto militar de Tacuatí el 31 de diciembre pasado.
LA DETENCIÓN. Cerca de las 13.30, los seis se dirigían al domicilio del dirigente Demetrio Sandoval, en Kurusu de Hierro, para mantener una reunión sobre la intervención militar, pero fueron interceptados por una barrera policial-militar e inmediatamente arrestados.
Los mismos fueron trasladados al patio de la comisaría de Kurusu de Hierro, y desde allí alzados a un helicóptero militar, para ser trasladados con rumbo desconocido. En todo momento se negó el acceso a la prensa.
Uno de los detenidos, Sebastián Martínez, de 58 años, es un veterano dirigente agrario concepcionero, de destacada trayectoria cívica en la lucha contra la dictadura, y uno de los líderes históricos de la OCN, según refieren los pobladores.
OPERATIVO. En el cuarto día del operativo Jeroviaha en San Pedro y Concepción, todas las fuerzas se concentraron ayer en peinar por tierra, agua y aire el llamado Bosque Talavera, a orillas del río Ypané, al fondo del asentamiento Nueva Fortuna. El saldo fue de 12 campesinos detenidos, entre ellos un enfermo mental.
El despliegue policial militar se realizó manejando la presunción de que miembros del grupo armado que opera bajo el nombre de Ejército de Pueblo Paraguayo (EPP) podrían encontrarse ocultos en medio de la espesura del monte.
Desde las 6 de la mañana, los comandos realizaron una "operación tenaza". Mientras un gran contingente, principalmente de efectivos de Caballería, ingresaban desde el Sur, de hacia Tacuatí, San Pedro, otro grupo, de Infantería, penetraba por el Norte, desde el asentamiento Nueva Fortuna, Concepción, apoyados por vuelos rasantes de helicópteros y lanchas que patrullaban el río.
La primera detención se produjo a las diez, en medio del monte. Un hombre que se asustó y empezó a correr por la espesura fue rápidamente capturado. Luego se comprobó que se trataba de Eliseo Ocampos, un enajenado mental que habita en Nueva Fortuna. El mismo fue trasladado hasta la comisaría de Kurusu de Hierro y luego liberado, a pedido de los pobladores.
MÁS DETENCIONES. Cerca del mediodía, cinco hombres que se dirigían a pescar al río Ypané se toparon con los militares y fueron detenidos. Solo fue posible averiguar los nombres de tres de ellos: Arnaldo Ávalos, Lorenzo Ávalos y Mario Ariel Martínez.
En pocas horas, varios pobladores y familiares se congregaron frente a la comisaría de Kurusu de Hierro, exigiendo conocer la suerte de los detenidos. Finalmente, en horas de la tarde, los cinco pescadores también fueron liberados.
SE RESTRINGE LA LABOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
"¡No, los periodistas no pueden pasar!", fue la orden estricta que impartió el jefe de Policía de Concepción, comisario Julio César Acosta, cuando los enviados del Centro de Información Multimedia (CIM) intentaron ingresar a tomar fotos y entrevistar a los campesinos detenidos en el patio de la comisaría de Kurusu de Hierro.
Hasta entonces, los periodistas habían sido tratados con mucha amabilidad en la sede policial, incluso invitados a compartir el almuerzo. Pero a la hora de acceder a la información de interés público, efectivos con armas cerraron el paso y mantuvieron a los reporteros a mucha distancia, con prohibición de tomar fotos o realizar filmaciones.
Las imágenes tuvieron que obtenerse con lentes teleobjetivos, desafiando la censura policial y militar.
Pobladores se quejan. Varios campesinos de la zona denunciaron abusos de los efectivos militares y policiales durante el operativo. Alejandro Ramos, dirigente de la Articulación Campesina y Urbana de Concepción, denunció la detención de nueve dirigentes campesinos.
Acusó de práctica de terrorismo de Estado en la zona a la persecución a dirigentes campesinos, la que tildó de detención arbitraria e ilegal. Alertó a los pobladores que estén alertas para una manifestación contra las fuerzas represivas, y para pedir el retiro inmediato de militares.
Francisco Ávalos, padre del detenido Arnaldo Ávalos, dijo que hace 20 años que viven en la zona y que no son ladrones. "Nunca tuvimos problemas con la justicia. Mi hijo está en la Unión Campesina del Norte, y vengo a preguntar por qué los detuvieron, tengo 60 años y nunca pisé una comisaría
Confirman de caso de dengue en Horqueta.
HORQUETA (ABC). Los resultados de los análisis laboratoriales confirmaron el primer caso de dengue en esta ciudad. Afecta a una señora de unos 50 años, que vive en el barrio Las Palmas.
Los análisis se realizaron en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, según informó el jefe departamental del Servicio Nacional de Control de Vectores (Senepa), David Silva. El director de la Unidad Sanitaria local del Instituto Nacional de Previsión Social, Dr. Arturo Urbieta, fue quien luego de diagnosticar a la paciente informó a las autoridades del Senepa que la misma se encontraba con todos los síntomas del dengue, como un cuadro febril prolongado, dolores musculares y articulares, además de las plaquetas y los glóbulos blancos disminuidos.
Silva recordó que para el bloqueo correspondiente, entre el jueves y el viernes pasado, realizaron fumigaciones en 82 manzanas del barrio Las Palmas. El trabajo continuará esta mañana en otros puntos de la ciudad. Una vez más lamentó la falta de conciencia de la mayoría de la población sobre el peligro de este mal, debido a que ni el informe dado a conocer a través de emisoras locales sobre la aparición del dengue, movilizó a la gente para eliminar los criaderos del mosquito Aedes Aegypti, vector de la enfermedad. Explicó que la fumigación no es una solución definitiva porque en el transcurso de una semana de nuevo aparecen los mosquitos, debido a las larvas que no se eliminaron, remarcó.
Un comando combinado realiza incursión en montes del Norte
En cinco frentes opera el despliegue de fuerzas militares y policiales en el Norte. Ayer un comando especializado ingresó al monte en busca de los responsables del asalto al cuartel de Tacuatí y de otros prófugos de la justicia.
El viceministro de Seguridad Carmelo Caballero nos informó que ayer ingresó un comando de la Fope y tropas especiales del Ejército paraguayo a montes en los fondos de La Fortuna, más próximo a Kurusu de Hierro.
El operativo quiere dar con las personas responsables del asalto al destacamento militar de Tacuatí, cometido el 31 de diciembre, de donde se alzaron con dos fusiles y quemaron a la salida el predio, acto perpetrado según el parte policial por personas vestidas de civil, pero que según los rehenes de la escuadra, un efectivo militar y su señora, estaban vestidos de para para’i.
El operativo con los “equipamientos fuertes” en el monte no solo tiene interés de dar con dichos responsables, dijo Carmelo Caballero, sino que con todas las personas con orden de captura, que son varias por estas zonas cuyas poblaciones parecen estar a merced de bandas criminales.
En la actualidad existen cuatro puestos de control: se controlan documentos personales y de autos, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas.
La incursión conjunta en la zona decidió la comisión de crisis creada tras el episodio en Tacuatí y el decomiso de un importante arsenal en poder, según los investigadores, de dos suboficiales de la Dirección de Material Bélico.
Es un operativo integral, nos dijo Carmelo Caballero, donde existen cuestiones colaterales: hay vehículos incautados, tres detenciones de gente por tema narcotráfico con orden de captura permanente, entre otras medidas.
Ubicación
Los cinco puestos de control permanente dispuestos para el día de ayer se asentaron en Tacuatí, Kurusu de Hierro, Horqueta e Yby Yaú, a cargo de Sosa, jefe de policía de Concepción.
“Hay orden de captura pendiente contra un gran número de personas, hay órdenes específicas que datan de varios años”, agregó Carmelo Caballero.
El viceministro de Seguridad Carmelo Caballero nos informó que ayer ingresó un comando de la Fope y tropas especiales del Ejército paraguayo a montes en los fondos de La Fortuna, más próximo a Kurusu de Hierro.
El operativo quiere dar con las personas responsables del asalto al destacamento militar de Tacuatí, cometido el 31 de diciembre, de donde se alzaron con dos fusiles y quemaron a la salida el predio, acto perpetrado según el parte policial por personas vestidas de civil, pero que según los rehenes de la escuadra, un efectivo militar y su señora, estaban vestidos de para para’i.
El operativo con los “equipamientos fuertes” en el monte no solo tiene interés de dar con dichos responsables, dijo Carmelo Caballero, sino que con todas las personas con orden de captura, que son varias por estas zonas cuyas poblaciones parecen estar a merced de bandas criminales.
En la actualidad existen cuatro puestos de control: se controlan documentos personales y de autos, en el marco de un operativo conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas.
La incursión conjunta en la zona decidió la comisión de crisis creada tras el episodio en Tacuatí y el decomiso de un importante arsenal en poder, según los investigadores, de dos suboficiales de la Dirección de Material Bélico.
Es un operativo integral, nos dijo Carmelo Caballero, donde existen cuestiones colaterales: hay vehículos incautados, tres detenciones de gente por tema narcotráfico con orden de captura permanente, entre otras medidas.
Ubicación
Los cinco puestos de control permanente dispuestos para el día de ayer se asentaron en Tacuatí, Kurusu de Hierro, Horqueta e Yby Yaú, a cargo de Sosa, jefe de policía de Concepción.
“Hay orden de captura pendiente contra un gran número de personas, hay órdenes específicas que datan de varios años”, agregó Carmelo Caballero.
11 ene 2009
"La guerrilla del EPP existe y mi hermano forma parte de ella
EL VIERNES 9 A LA MAÑANA, VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIERON LA NOTICIA DE QUE JOSÉ VILLALBA HABÍA SIDO DETENIDO POR LA POLICÍA, POR SU PRESUNTA VINCULACIÓN CON EL EJÉRCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO (EPP), CREADO POR SU HERMANA CARMEN VILLALBA Y SU CUÑADO ALCIDES OVIEDO, AMBOS ACTUALMENTE PRESOS TRAS HABER SIDO CONDENADOS POR EL SECUESTRO DE MARÍA EDITH DE DEBERNARDI.-¿La propia Iglesia Católica les formó políticamente?
-Sí, allí despertó nuestra conciencia. Escuché a un obispo (Claudio Giménez, de Caacupé) decir que en el Paraguay no se puede imponer ni importar la lucha de clases. Pero cuando yo nací ya había en nuestro país dos clases sociales definidas: un pequeño grupo de gente que acaparaba todo, que robaron, torturaron, exiliaron, y se hicieron poderosos económicamente a costillas de la otra clase, pobre y desposeída. Eso no se impone, no se importa: es una realidad. La religión, por un lado, colaboró adormeciendo al pueblo con esa situación, pero también hubo una Iglesia que colaboró en el proceso de liberación que aún estamos transitando.
-Volvamos a la historia del EPP. ¿Tu hermana Carmen Villalba, luego de ser catequista, a principios de los 90 se traslada a Asunción y conoce a Alcides Oviedo y otros seminaristas?
-Exactamente. Alcides estaba en el seminario, de donde salen y forman el grupo monseñor Romero. O sea, es un proceso de lucha, en donde grupos de jóvenes idealistas se van comprometiendo. Esto empezó hace mucho tiempo. Hace 20 años que cayó Stroessner, y se ha prolongado demasiado este proceso de cambio. No me sorprende, pero me pregunto: ¿Cómo hizo la oligarquía para aplastar, dominar y empobrecer durante tanto tiempo a este pueblo, sin que este pueblo se levante en armas? Somos demasiado apáticos, demasiado mansos, ante tantos hechos muy graves.
-Se cuestiona que estamos en un proceso democrático y no hay razones para una insurrección armada. ¿Para ustedes, existen razones?
-Sí, eso es categórico. Y ahí está el tema: Cualquier periodista, cualquier persona, que quiera opinar debe mirar a su alrededor, cómo vive la gente, no solo acá en el sector rural, sino en la misma periferia de Asunción. No podemos negar que hay un Paraguay mayoritariamente pobre, fruto de un Estado intolerante e injusto, que se ha mantenido por demasiado tiempo en el poder. Eso no solo justifica, sino hace que sea legítimo todo tipo de lucha en el proceso de liberación de nuestro pueblo.
-El ministro Rafael Filizzola sostiene que los miembros del EPP no son guerrilleros, sino delincuentes comunes. ¿Eso les molesta?
-Es que hay una contradicción en lo que dice Filizzola. Por un lado, hay todo un movimiento desde el actual Gobierno por cambiar la Justicia. Nosotros creemos que este cambio hay que hacer en forma urgente, y sostenemos que los compañeros que hoy están presos, han sido detenidos por una orden superior de Nicanor (Duarte Frutos, anterior presidente de la República).
-"Los compañeros presos", ¿te estás refiriendo a Carmen Villalba, Alcides Oviedo y demás condenados por los secuestros de Debernardi y Cubas?
-Sí, a ellos. Fueron detenidos en un tiempo en que Nicanor ordenaba y la Justicia cumplía. Las instituciones se alineaban al poder político colorado.
-Para ustedes, Carmen, Alcides y los demás... ¿son presos políticos?
-Sí, categórico es eso. Y estamos de acuerdo con el ministro Filizzola, cuando dice que hay que cambiar la Justicia, porque eran manejados a su antojo por la ANR. Pero cuando habla de Carmen Villalba y los demás, dice: "Son delincuentes". Entonces, ¿en qué estamos? Hay incoherencia.
-¿No fueron procesados y condenados por la Justicia como secuestradores?
-No tuvieron posibilidad de legítima defensa, como no la tuvo Lino Oviedo, ni ningún adversario político de los gobiernos colorados. Oviedo era el peor delincuente, pero en víspera de elecciones se le da la libertad, y ahora ya no tiene ningún caso. ¿Y los muertos de la plaza? Yo le entiendo a Carmen cuando acusa a Rafael Filizzola de ser un pequeño burgués acomodado. No podemos pretender que el cambio sea solamente echar a un ministro colorado, y subir en su lugar un socialista, un izquierdista. El cambio tiene que reflejarse en una buena gestión para el pueblo. Acá no hubo todavía un cambio.
Operación Jeroviaha con algunos resultados favorables
Horqueta, Concepción.-El despliegue de fuerzas de seguridad del Estado comienza a dar sus primeros resultados favorables. Ayer se realizaron dos allanamientos. En el primer procedimiento, en la madrugada, se incautó la computadora de una mujer que podría estar involucrada con el Ejército del Pueblo Paraguayo. En la tarde se demoró a Juan Carlos Purrades, quien habría participado en una anterior acción violenta del mismo grupo de delincuentes.
La Operación Jeroviaha comienza a tener sus primeros resultados favorables. Fuerzas de seguridad del Estado realizaron ayer dos allanamientos en las afueras de Horqueta, departamento de Concepción, lo que permitió acceder a la computadora de una mujer que podría estar involucrada con el Ejército del Pueblo Paraguayo.
A esto se suma la detención de Juan Carlos Purrades, alias “Riquelme”, quien fue localizado en la siesta de ayer, escondido en el conflictivo asentamiento Kurusu de Hierro.
El primer allanamiento se realizó a las 4:30 de la madrugada, a unos siete kilómetros de Horqueta, sobre la Ruta V, que lleva a Concepción. La vivienda de la familia Leguizamón fue identificada por el servicio de inteligencia de la Policía Nacional.
Los datos fueron entregados a comandos del Destacamento Conjunto de Empleo Inmediato (DCEI), cuyos efectivos acordonaron el sitio en horas de la noche. Las tropas especiales establecieron un perímetro de seguridad con el objetivo de evitar la salida de sus ocupantes, en espera de la llegada de agentes del Ministerio Público.
A las 4:30, los fiscales Sandra Quiñónez, Ninfa Aguilar y Francisco Caballero autorizaron el ingreso de efectivos policiales a la vivienda de la familia Leguizamón. La inspección permitió encontrar billetes falsos, de 20 mil guaraníes, así como planchas escaneadas listas para su reproducción, con denominaciones de 20, 50 y 100 mil guaraníes.
La sorpresa mayor de los intervinientes fue la computadora, ubicada en un escritorio al costado de una modesta despensa. La vivienda de los Leguizamón es muy modesta y el equipo informático, dado su costo, resulta llamativo.
La verificación detallada permitió encontrar también un equipo de radiocomunicación VHF, con frecuencia variable.
Agentes de inteligencia militar que acompañaron el operativo realizaron una inspección de la computadora, con autorización del Ministerio Público. Entre los materiales encontraron un archivo titulado “conocimiento de armas”, que fue impreso junto con una lista de jóvenes con sus respectivos números de teléfono.
A modo de explicación, los dueños de casa dijeron que su hija realiza trabajos prácticos de jóvenes que están interesados en ingresar a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional.
Interrogados sobre los billetes falsos explicaron que era como un juguete de su hija y que solía hacer impresiones cuando no tenía nada que hacer. La muchacha, cuya identidad no dieron a conocer los investigadores, tiene 22 años. Dedicarse a “jugar” en la falsificación de billetes es una afición bastante extraña, más aún considerando la buena calidad de las copias.
Equipos de comunicación, una moderna computadora y billetes falsos, en una casa visiblemente modesta movieron a los fiscales a incluir a los Leguizamón en la investigación.
Con respecto a la computadora, el equipo será remitido a Asunción para solicitar una orden judicial de peritaje. El proceso burocrático lleva unos 15 días aproximadamente, que serán cumplidos estrictamente por los investigadores para evitar el riesgo de que pueda ser cuestionada como prueba, en el supuesto que existan datos relacionados al Ejército del Pueblo Paraguayo.
INCAUTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Al mediodía de ayer llegaron informaciones de inteligencia sobre la localización de Juan Carlos Purrades, alias “Riquelme”, en el asentamiento Kurusu de Hierro. Comandos del DCEI establecieron un perímetro en torno a la vivienda donde se encontraba.
Orden judicial mediante, se allanó el sitio donde se encontraba Purrades, y se encontraron armas de fuego y puñales. Purrades cuenta con antecedentes judiciales en diversos procesos.
En julio de 2007 fue identificado como una de las personas que asaltaron e incendiaron el establecimiento ganadero Santa Herminia, donde se dejaron planfletos del Ejército del Pueblo Paraguayo.
La intervención de las fuerzas de seguridad en Kurusu de Hierro estuvo dirigida por el juez de garantías de Santa Rosa del Aguaray y dos agentes del Ministerio Público. Los efectivos policiales estuvieron al mando del comisario general Viviano Machado.
Junto con Purrades fue demorado un ciudadano brasileño, quien dijo vivir en Paraguay hace 18 años pero no exhibió ninguna documentación, ni siquiera de su país de origen; fue llevado a la comisaría de Tacuatí y puesto a disposición de la Dirección General de Migraciones.
Juan Carlos Purrades quedó en libertad por disposición del juez de garantías, pero incluido en las investigaciones que tienen lugar en torno al asalto del destacamento militar de la III División de Caballería.
DENUNCIAS FALSAS
A 15 minutos de producirse el allanamiento del escondite de Purrades, las radioemisoras de Horqueta, y también nuestro corresponsal Fredy Rojas, recibieron llamadas denunciando torturas a Purrades, asegurando que fue torturado en el monte que rodea a Kurusu de Hierro y que estaba desaparecido.
El procedimiento de la Policía Nacional, con apoyo de Fuerzas Militares, contó con la presencia de un juez de garantías y dos fiscales. Se cumplieron las normas de protección de los derechos del detenido y las denuncias son completamente falsas.
Todos los procedimientos de las fuerzas de seguridad se llevan a cabo en presencia de agentes del Ministerio Público y el juez de garantías se encuentra en Tacuatí, en el mismo sitio de las operaciones.
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