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13 ene 2009

Ordenan detención de sospechosos del ataque a cuartel de Tacuatí

Concepción.- (Corresponsal de ABC)
Los seis sospechosos de formar parte del Ejército del Pueblo Paraguayo abandonaron ayer el campamento militar de Tacuatí. Cuatro fueron llevados a Concepción y dos a Tacuatí. Los comandos militares y de la Policía Nacional realizaron ayer una serie de intervenciones en los alrededores de Kurusu de Hierro, Horqueta.


La fiscala Ninfa Aguilar cumplió ayer una maratónica jornada tomando declaraciones a seis sospechosos de pertenecer al Ejército del Pueblo Paraguayo. Logró presentar a tiempo el acta necesaria para que el juzgado ordene la detención de los supuestos responsables, mientras que la abogada Miryam Villalba, hermana de Carmen, intentaba incidentar y lograr que el pedido sea rechazado. Cuatro fueron llevados a Concepción y dos quedaron en Tacuatí, a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía había solicitado al juez de garantías César Domínguez la detención de seis sospechosos del asalto al destacamento militar de la III División de Caballería y la solicitud fue concedida por el juzgado.

Los detenidos son Crispín Martínez, Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Américo Fernández Romero, Néstor Damián Fernández y Sebastián Martínez Aguilera. La Policía Nacional sostiene que estas personas pertenecen al Ejército del Pueblo Paraguayo y que participaron del atraco al destacamento militar.

Cuatro detenidos, identificados como Héctor Martínez Vera, Alcides Martínez Vera, Sebastián Martínez Aguilera y Américo Fernández Romero, quienes habrían cometido asesinatos en el primer departamento, fueron trasladados en un helicóptero militar a Concepción, y dado que se inició una investigación fiscal sobre el tema fueron remitidos a la jurisdicción de la fiscalía concepcionera.

Crispín Martínez y Sebastián Martínez Aguilera, quienes completan el grupo de seis sospechosos, quedaron detenidos en la comisaría de Tacuatí, bajo fuerte resguardo de las fuerzas de seguridad del Estado, por orden del juez César Domínguez.

LOGÍSTICA

Según investigaciones de la Policía Nacional, los detenidos, que ya se encuentran en Concepción, facilitaron el transporte de los atacantes hasta las inmediaciones del destacamento militar Tacuatí. Al finalizar el ataque, los delincuentes fueron llevados hasta el otro lado del río Ypané. Otro equipo, entre los cuales estarían Crispín Martínez y Néstor Damián Fernández, tuvo la responsabilidad de ocultar las armas empleadas en el ataque, a fin de que los asaltantes pudieran huir hacia Concepción sin portar armas, que los habrían delatado.

Los seis detenidos fueron localizados en el asentamiento Kurusu de Hierro, por el servicio de inteligencia de la Policía Nacional. La detención se produjo en virtud de una orden judicial y los fiscales Francisco Caballero y Ninfa Aguilar tuvieron a su cargo la dirección del operativo en que participaron efectivos policiales y militares.

EN CAMPAMENTO MILITAR

Dada la peligrosidad atribuida a estas personas, el juzgado de garantías ordenó que fueran resguardados en el campamento militar instalado en Tacuatí. Se realizó una inspección médica de las condiciones en que llegaron al lugar y allí pasaron la noche. A las 6 de la mañana, el juez Domínguez se presentó en el destacamento, entrevistó a los detenidos y posteriormente un médico forense volvió a inspeccionarlos, oportunidad en que se constató que estaban en las mismas condiciones que la noche anterior y que no sufrieron ningún tipo de maltratos.

INCIDENTE Y ACUSACIONES

La fiscala Ninfa Aguilar, con su equipo de asistentes, llegó a las 8 de la mañana e inmediatamente comenzó a tomar declaraciones a los detenidos. La tarea del Ministerio Público fue maratónica, uno a uno los sospechosos se presentaron para presentar alegato y ejercer su derecho de defensa.

A las 11 de la mañana llegó al destacamento militar monseñor Zacarías Ortiz, acompañado de Myrian y José Villalba, hermanos de Carmen Villalba. Myrian se presentó como abogada defensora de los detenidos y José “Carpintero”, conocido así en Concepción por su profesión, alegó ser dirigente de la organización Articulación Urbana y Rural de Concepción. Los tres exigieron entrevistarse con los detenidos, pero la fiscala Ninfa Aguilar dispuso que lo harían luego de terminar sus diligencias, lo que molestó sobremanera tanto al monseñor como a los hermanos Villalba, pero al final no tuvieron otra opción más que esperar.

Alrededor de las 14 horas ingresaron, se reunieron a solas con los detenidos por espacio de media hora aproximadamente. Al salir del destacamento, Miryan lanzó fuertes acusaciones contra la detención de los sospechosos, poniendo en tela de juicio la legalidad del procedimiento dirigido por un juez de garantías y dos fiscales.

José “Carpintero”, por su parte, llegó hasta el general Alfredo Machuca y comenzó a gritar diciendo que fueron salvajemente torturados, acusando al comandante del Ejército de manchar su uniforme. El general Machuca negó terminantemente la acusación. El militar mencionó que fueron inspeccionados por médicos y finalmente pidió pruebas que pudieran avalar tales afirmaciones. La respuesta de José “Carpintero” fue la siguiente: “No necesito dar pruebas, la palabra de mis compañeros es suficiente para mí”.Se apartó del destacamento y fue a dictar por teléfono un comunicado a la opinión pública, diciendo que “se confirmó plenamente que los humildes campesinos fueron torturados”.

LOS VILLALBA

Carmen Villalba realizando apología a la violencia armada, reivindicando las acciones violentas de los delincuentes agrupados en el Ejército del Pueblo Paraguayo; su hermana Miryan, abogada defensora de sospechosos de cometer graves crímenes, y José dictando comunicados con acusaciones de torturas, sin presentar ningún elemento de juicio que pudiera dar fe de apremios ilegales.

ZACARÍAS

Monseñor Zacarías Ortiz, por su parte, declaró que los detenidos no tienen ninguna relación con el atentado del 31 de diciembre, pero reconoció que existen campesinos radicalizados que optaron por la lucha armada contra el Estado paraguayo.

Los seis detenidos en el campamento militar por orden del juez de garantías fueron llevados en helicóptero, primero a Tacuatí y luego a Concepción.

En dichas localidades continuarán las investigaciones, tanto de la Policía como del Ministerio Público.

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