A
escasos 12 días de que el estado de excepción decretado en los departamentos de
Concepción y San Pedro llegue a su fin, podemos tantear dos hipótesis: o que el
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) llegó a niveles extraordinarios de
entrenamiento, al punto de convertir a sus columnas en indetectables, o que las
fuerzas militares y policiales se hallan lejos de estar preparadas para una
guerra de guerrilla, por lo que esta ofensiva conjunta contra el grupo armado
apunta al fracaso.
El ataque a la subcomisaría 10ª de Capitán Giménez, en Horqueta, el 21 de setiembre pasado, en el que tiradores de la citada facción ejecutaron a los suboficiales Salvador Fernández y Vicente Ignacio Casco Vargas, fue por demás un claro mensaje dirigido a la más alta jerarquía de nuestro país. Pese a que para los analistas el grupo armado escogió como blanco una unidad con escasa dotación y sin la más mínima capacidad de ofrecer resistencia, el argumento descansa en su estratégica ubicación, teniendo en cuenta que se trata del epicentro de anteriores operaciones militares de la organización.
Esta agresión, sumada a otras como ataques a establecimientos ganaderos de la zona, a la sede de la Fiscalía y la comisaría de Horqueta, la destrucción de máquinas usadas en tareas de la agroproducción, el secuestro del ex intendente de Tacuatí Luis Lindstron, el plagio del ganadero Fidel Zavala, evidencian que los resortes preventivos de la Policía registran severas fallas en detrimento de los pobladores del Norte del país.
Desde el secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi, el 16 de noviembre del 2001 en el parque Ñu Guasu, las investigaciones encaradas entonces descubrieron los primeros indicios de la existencia de un grupo ideologizado detrás de lo que fue entendido como uno de los primeros plagios con fines extorsivos en nuestro país, después del caso Ian Duncan Martin, en la década de los 70.
Se supo de la existencia de simpatizantes de extrema izquierda complotados en el plan, la mayoría supuestos militantes del Movimiento Patria Libre. Trascendió que los secuestradores contaron con expreso apoyo de elementos del chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y que uno de los líderes de esta organización, Mauricio Hernández Norambuena, pasó por Paraguay para asesorar a los que después llevarían a cabo el plagio de María Edith. A este ilícito prosiguió el crimen de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, el 21 de setiembre de 2004. En el curso de la pesquisa, se confirmó que los principales cabecillas del secuestro recibieron instrucciones de componentes del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Todos estos datos estuvieron disponibles para los órganos de seguridad. Es por ello que a lo largo de los más de diez años de la aparición de esta organización, hubo suficiente tiempo para impulsar investigaciones serias que condujeran ante la justicia a los autores de los reprochables episodios criminales señalados. Sin embargo, se atribuye al Gobierno anterior el fortalecimiento del EPP por la pasividad con que se encaró la lucha; y al actual, el sospechoso escaso interés en acabar definitivamente con el grupo irregular.
Así las cosas, se aguarda un tercer estado de excepción.
