A
escasos 12 días de que el estado de excepción decretado en los departamentos de
Concepción y San Pedro llegue a su fin, podemos tantear dos hipótesis: o que el
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) llegó a niveles extraordinarios de
entrenamiento, al punto de convertir a sus columnas en indetectables, o que las
fuerzas militares y policiales se hallan lejos de estar preparadas para una
guerra de guerrilla, por lo que esta ofensiva conjunta contra el grupo armado
apunta al fracaso.
El ataque a la subcomisaría 10ª de Capitán
Giménez, en Horqueta, el 21 de setiembre pasado, en el que tiradores de la
citada facción ejecutaron a los suboficiales Salvador Fernández y Vicente
Ignacio Casco Vargas, fue por demás un claro mensaje dirigido a la más alta
jerarquía de nuestro país. Pese a que para los analistas el grupo armado
escogió como blanco una unidad con escasa dotación y sin la más mínima
capacidad de ofrecer resistencia, el argumento descansa en su estratégica
ubicación, teniendo en cuenta que se trata del epicentro de anteriores
operaciones militares de la organización.
Esta agresión,
sumada a otras como ataques a establecimientos ganaderos de la zona, a la sede
de la Fiscalía y la comisaría de Horqueta, la destrucción de máquinas usadas en
tareas de la agroproducción, el secuestro del ex intendente de Tacuatí Luis
Lindstron, el plagio del ganadero Fidel Zavala, evidencian que los resortes
preventivos de la Policía registran severas fallas en detrimento de los
pobladores del Norte del país.
Desde el secuestro
de la señora María Edith Bordón de Debernardi, el 16 de noviembre del 2001 en
el parque Ñu Guasu, las investigaciones encaradas entonces descubrieron los
primeros indicios de la existencia de un grupo ideologizado detrás de lo que
fue entendido como uno de los primeros plagios con fines extorsivos en nuestro
país, después del caso Ian Duncan Martin, en la década de los 70.
Se supo de la
existencia de simpatizantes de extrema izquierda complotados en el plan, la
mayoría supuestos militantes del Movimiento Patria Libre. Trascendió que los
secuestradores contaron con expreso apoyo de elementos del chileno Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y que uno de los líderes de esta
organización, Mauricio Hernández Norambuena, pasó por Paraguay para asesorar a
los que después llevarían a cabo el plagio de María Edith. A este ilícito
prosiguió el crimen de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau,
el 21 de setiembre de 2004. En el curso de la pesquisa, se confirmó que los
principales cabecillas del secuestro recibieron instrucciones de componentes
del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
Todos estos datos
estuvieron disponibles para los órganos de seguridad. Es por ello que a lo
largo de los más de diez años de la aparición de esta organización, hubo
suficiente tiempo para impulsar investigaciones serias que condujeran ante la
justicia a los autores de los reprochables episodios criminales señalados. Sin
embargo, se atribuye al Gobierno anterior el fortalecimiento del EPP por
la pasividad con que se encaró la lucha; y al actual, el sospechoso escaso
interés en acabar definitivamente con el grupo irregular.
Así las cosas, se
aguarda un tercer estado de excepción.
Los
supuestos miembros del ala logística del EPP son Hugo Gill Torres, Graciela
Samaniego y Nery López Silva. Son acusados por asociación criminal, frustración
a la persecución y ejecución penal y secuestro. El juicio oral se desarrolla en
el Palacio de Justicia de Concepción y tiene como jueces a Julio López, Luis
Mongelós y Gloria Torres.
