El Ministerio de Obras Públicas anunció que una vez que haya recibido el catastro de los dueños de las tierras que se verán afectadas por la futura pavimentación asfáltica de la ruta que une Concepción con Vallemí, comenzará a pagar las indemnizaciones.
El trámite de nuevo sufre demoras, como en diversos emprendimientos impulsados por la secretaría.
La Unidad Ejecutora de Proyectos del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) indicó, en principio, que el 13 de febrero pasado ya estarían comenzando con los trabajos de liberación de las franjas de dominio, con la participación de técnicos de la cartera de Obras Públicas. “El pago se hará conforme a los procedimientos y previo control correspondiente, que se iniciará en los próximos días”, explicaba semanas atrás el abogado José Durán, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El MOPC informó que para elaborarse el catastro con el fin de liberar la franja de dominio del tramo de referencia se vio en la necesidad de la contratación directa de consultores individuales para dicho efecto, contando para el mismo con la autorización correspondiente.
Explicó que ese procedimiento surge como consecuencia de que el llamado Nº 86/2011 para la “precalificación pública nacional de firmas consultoras para la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de catastro” fue declarado desierto conforme a la Resolución Nº 2623 de fecha 20 de diciembre de 2011.
“Ninguno de los oferentes alcanzó el puntaje mínimo requerido, y considerando además que otro proceso de precalificación y licitación, y la posterior adjudicación de una firma consultora llevaría como mínimo seis meses para su materialización”, dice el informe.
“Ya se emitió la resolución por la cual se contrata al topógrafo, al profesional que dirigirá el censo y al abogado que se va a encargar de verificar las documentaciones legales de los propietarios como ser título de propiedad, catastro, documento de identidad del afectado, cédula tributaria; al topógrafo, quien va a determinar la parte afectada por la franja de dominio, enumerando la cantidad de tierras a ser expropiadas; y al avaluador, que tendrá a su cargo fijar un precio al inmueble”, dijo ayer la fuente consultada en la cartera.
Aclaró luego que todos son profesionales de Concepción, entre los cuales se encuentran el abogado Wilson Fabián Brítez, el censista Carlos Demetrio Mieres, Ing. Mario Silva, Ing. Javier Bareiro , Ing. Marciano Roque Britos, Ing. José Carlos Labrano y la Ing. Agr. Katia Gabriela Arenas, especialista ambiental del Focem.
La ruta será construida en tres secciones y tiene actualmente un avance de más del 18%.
La primera sección está a cargo del Consorcio Tagatyjá, integrado por la empresa argentina CCI y tres firmas paraguayas: Edivisa (Emilio Díaz de Vivar), Viviendas Paraguayas (Óscar Rubiani) y Chávez Haussman Construcciones (Miguel Ángel Chávez). El tramo dos fue encomendado a Topografía & Caminos y la última parte, a Benito Roggio e Hijos .
El primer tramo, de 51 kilómetros, que arranca en Concepción, tiene un costo de G. 134.889 millones.
T&C construirá el segundo tramo, de 60 kilómetros, por G. 167.500 millones; y Benito Roggio, el tercer tramo, de 58 kilómetros, por G. 147.208 millones.
El plazo contractual, en todos los casos, es de 30 meses.
