- Contraloría General remitió a la Fiscalía reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio con base en una inspección técnica a construcciones hechas por la Universidad Nacional de Concepción (UNC), en 2010 y 2011. Existen rubros no ejecutados por la suma de G. 413.469.407.
De acuerdo a las explicaciones brindadas por el órgano superior de control, el 9 de agosto de 2011, la citada casa de estudios contrató a la empresa Construvip, representada por el arquitecto Pedro Ramón Villalba Libardi para la ejecución de los trabajos, entre ellos la construcción de la biblioteca central de la UNC, por un monto de G. 486.138.360.
Conforme al análisis de los documentos proveídos y de la verificación in situ realizada por auditores de la Dirección General de control de Obras Públicas de la Contraloría General de la República, se encontró un supuesto perjuicio patrimonial de G. 73.411.972.
El 7 de abril de ese año se verificó la certificación de cantidades de trabajo que no fueron las realmente ejecutadas, y no se aplicaron multas a pesar de que no se cumplieron con los plazos establecidos, totalizando el importe G. 60.184.800.
Un análisis de los documentos relacionados a ese contrato realizado el 9 de agosto de 2010, constató un supuesto perjuicio patrimonial de G. 56.562.353.
En junio del año 2010 se comprobó que en varios rubros no se cumplieron especificaciones técnicas y el incumplimiento de las condiciones contractuales que derivarían en un perjuicio patrimonial de 35.524.501 guaraníes.
En mayo del 2010 se verificaron ítems por G. 72.008.009 y G. 115.777.682 en las que se constataron la existencia de cantidades de rubros no ejecutados, que fueron comprobadas en la verificación hecha por el equipo de la Contraloría.
En total se constató que existen cantidades de rubros no ejecutados por un total de G. 413.469.407.
Antecedentes remitidos al Ministerio Público
El pasado 9 de abril el contralor Óscar Rubén Velázquez remitió una nota al fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, formulando reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio, a los efectos que esa institución investigue el contenido de los mismos y determinar si hubo daño patrimonial en las distintas construcciones encaradas por la citada universidad y mencionadas en el informe del órgano superior de control.
Fuente: ABC
Conforme al análisis de los documentos proveídos y de la verificación in situ realizada por auditores de la Dirección General de control de Obras Públicas de la Contraloría General de la República, se encontró un supuesto perjuicio patrimonial de G. 73.411.972.
El 7 de abril de ese año se verificó la certificación de cantidades de trabajo que no fueron las realmente ejecutadas, y no se aplicaron multas a pesar de que no se cumplieron con los plazos establecidos, totalizando el importe G. 60.184.800.
Un análisis de los documentos relacionados a ese contrato realizado el 9 de agosto de 2010, constató un supuesto perjuicio patrimonial de G. 56.562.353.
En junio del año 2010 se comprobó que en varios rubros no se cumplieron especificaciones técnicas y el incumplimiento de las condiciones contractuales que derivarían en un perjuicio patrimonial de 35.524.501 guaraníes.
En mayo del 2010 se verificaron ítems por G. 72.008.009 y G. 115.777.682 en las que se constataron la existencia de cantidades de rubros no ejecutados, que fueron comprobadas en la verificación hecha por el equipo de la Contraloría.
En total se constató que existen cantidades de rubros no ejecutados por un total de G. 413.469.407.
Antecedentes remitidos al Ministerio Público
El pasado 9 de abril el contralor Óscar Rubén Velázquez remitió una nota al fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, formulando reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio, a los efectos que esa institución investigue el contenido de los mismos y determinar si hubo daño patrimonial en las distintas construcciones encaradas por la citada universidad y mencionadas en el informe del órgano superior de control.
Fuente: ABC
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