
Tras iniciarse las movilizaciones ciudadanas exigiendo la renuncia del intendente Urbieta y la intervención municipal, por intermedio de la senadora Blanca Ovelar, la Cámara de Senadores solicitó un informe al Ejecutivo municipal sobre la venta del puerto, que fue cedido por el Ministerio de Defensa en forma perpetua a la Municipalidad (con cláusula clara de que no debe ser vendido). En el informe, el intendente mintió a los senadores, ya que no informó qué parte del dinero fue destinado a salarios.
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