Concepción.-El empresario y concejal municipal de Concepción Hugo Vargas Medina (PLRA), cuyos datos y de su familia aparecen en el documento del EPP, dijo sentirse inseguro ante la casi nula protección del Gobierno. Recién tras el plagio de Fidel Zavala la Policía reforzó la vigilancia a las posibles víctimas del grupo delictivo.
La familia del concejal Hugo Vargas Medina es una de las tantas que cuentan con protección después del plagio del ganadero Fidel Zavala.
Entre los documentos encontrados en un campamento figuran datos referentes a su familia, como el nombre de su padre, el empresario Arsenio Vargas, su madre y los comercios de la familia.
Se leía claramente: “San Gregorio: No hay ninguna Esther, las que trabajan allí son Fátima y Milena. Es de Arsenio Vargas, su señora Elida Medina de Vargas. Tienen un surtidor que está en la rotonda, Copetrol, hacia la ruta Loreto, cerca de Copeg. En Horqueta tienen otro negocio frente a la iglesia, cerca de la municipalidad allí atiende su hijo… (ilegible) Juan, tenían otro negocio. Tienen estancia en Romero Potrero en donde están plantando soja. Fletan también sus camiones (3 a 4 camiones Scania y Cisterna). Tiene su casa al lado de su negocio”, e indicaron su dirección y realizaron un croquis de la vivienda.
Vargas manifestó que han tomado medidas de seguridad, pero que no pueden privarse de muchas cosas.
“Somos gente trabajadora. No podemos gastar todo nuestro dinero en seguridad, hemos denunciado el hecho al viceministro de Seguridad (Carmelo Caballero), pero no obtuvimos ninguna respuesta lamentablemente y debemos seguir con nuestras actividades a pesar del miedo. El Gobierno no le dio nunca importancia, porque ellos ya sabían de la existencia de la lista, pero nunca nos brindaron protección”, expresó el edil y productor.
Existe una descoordinación
Ante la evidencia que involucraba directamente a su familia, el concejal liberal Hugo Vargas manifestó que su hermana Zully se entrevistó con la fiscala Sandra Quiñónez. “Nosotros hemos llegado hasta el jefe de policía local (Crio. Princ. Cándido Montanía) y él no sabía nada; es decir que no existe una coordinación fiscal-policial”, denunció. Esta situación mantiene en zozobra a los productores y empresarios de la zona Norte del país.