Pedro Villalba, gerente de Administración de Finanzas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), en entrevista con la 970 AM comentó que en el año 2011 durante la administración de Vidal Francia Zaracho se había firmado un contrato con la agroganadera Sanja Pytã S.A. para arrendar el puerto de Concepción por un plazo de 5 años.
Posteriormente cuando la actual administración asumió en el año 2013, se realizaron varias verificaciones junto con una auditoría interna mediante la cual se pudo comprobar el estado de abandono y dejadez en el mencionado puerto, así como el incumplimiento del contrato por parte de la firma Sanja Pytã, la cual figura a nombre de Eduardo Raúl Vierci Bertón, sobrino de Antonio J. Vierci.
En las imágenes publicadas por el diario La Nación se puede comprobar el estado de abandono de los silos del puerto de Concepción, así como de las oficinas administrativas y el muelle que estaba totalmente destruido. “Era prácticamente una terminal portuaria abandonada”, expresó Villalba.
Una auditoría interna de la ANNP que data de enero del 2014 reveló que no se efectuaron las inversiones previstas en el contrato de arrendamiento, motivo por el cual el directorio de la institución decidió rescindir el contrato con la empresa Sanja Pytâ, recordó el gerente de Administración de Finanzas de la ANNP.
“Se había planteado un juicio de desalojo a la anterior empresa, el mismo duró casi un año. Finalmente, la resolución del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial 9no Turno resolvió favorablemente a favor de la ANNP, esto había ocurrido en el año 2015. A partir de ahí se volvió a tener posesión y dominio de la terminal portuaria”, manifestó.
Villalba aclaró que todas las cuestiones que tienen que ver con arrendamientos en las que las instituciones públicas como la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras de similar naturaleza que tienen propiedades y deben explotarlas en función a su carta orgánica o a su misión, no se rigen bajo la ley de Contrataciones Públicas. En tal sentido, sostuvo que en el caso de la ANNP, su ley orgánica claramente establece que es una institución autárquica y está sujeta a las disposiciones del derecho privado.
A partir de esto parte la premisa de que la ANNP se rige automáticamente por las disposiciones del Código Civil Paraguayo en su Art. 2.230, con lo cual se justifica el modelo de operación que adopta la ANNP -expresó-, lo cual también está amparado en el decreto 12.297/08 que regula las tasas de prestaciones de servicios portuarios y establece que dicha institución “queda facultada para suscribir convenios de alianza comercial y de operativa estratégica con empresas del sector privado, que le permitan mejores condiciones para la prestación de servicios portuarios”.
El gerente de Administración de Finanzas de la ANNP manifestó que tanto la concesión a la firma Sanja Pytâ S.A. como al consorcio Baden S.A. fueron realizadas bajo la misma modalidad de “Alianza Operacional Estratégica”, con la única diferencia de que en administraciones anteriores esto se hacía directamente. A partir de esta nueva administración que asumió en el año 2013 se ha decido realizar la adjudicación bajo la figura del concurso público, por lo que se ha elaborado un pliego de bases y condiciones para las empresas oferentes, de manera a buscar la transparencia y publicidad para permitir la libre concurrencia.
Recordó que todo el proceso de concesión fue publicado en un diario de gran circulación de la capital. En tal sentido, participaron 10 empresas en el primer llamado y 3 empresas en el segundo.
En el 2011, la agroganadera Sanja Pytã, del sobrino de Antonio J. Vierci, acordó con la ANNP arrendar el puerto de Concepción por cinco años.
La empresa debió realizar mejoras por unos G. 1.200 millones, abonar un canon mínimo de US$ 10 mil por mes y operativizar la terminal granelera.
Una auditoría del 2014 corroboró que nunca hicieron las mejoras, tampoco estaban al día con el canon y encima subarrendaron el puerto en abierta violación al contrato.
Es por ello que la administración actual rescindió el contrato y Vierci apeló para no perder el negocio.
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