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14 dic 2010

Vergonzosa manipulación para justificar atropello a Paso Bravo

(ABC) El empresario chino Alexandre Sin Yu Wei, propietario de un establecimiento en San Carlos del Apa, pretende la reapertura de un camino de tiempos de la colonia. El argumento es una manipulación de la historia para justificar un atropello al Parque Nacional Paso Bravo.

Luis Aníbal Schupp, intendente municipal de San Carlos del Apa, es el responsable de inventar una historia en torno al Camino Real de Concepción, obviamente en busca de provecho personal.
El intendente del municipio ubicado en el norte de Concepción miente al decir que San Carlos del Apa está aislado del resto del país y también falta a la verdad al decir que la única alternativa para sus habitantes es la reapertura del Camino Real.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones confirmó que el año próximo se iniciarán los trabajos de pavimentación de la ruta Vallemí-Concepción, esto quiere decir que San Carlos del Apa estará a solo 43 kilómetros de un camino pavimentado, gracias a un ramal.
El Camino Real fue abierto en tiempos de la conquista española y tuvo como finalidad brindar soporte logístico al fuerte de San Carlos del Apa, construido para detener las incursiones de indígenas mbayá.
En el período colonial cumplió la función de contener a los bandeirantes, sin que existan mayores registros de enfrentamientos.
Al poco tiempo de obtener la independencia de la corona española, el Camino Real cayó en desuso.
La retirada de la zona se dio por instrucciones del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, dado su escaso valor estratégico.
Al estallar la Guerra contra la Triple Alianza, el fuerte de San Carlos del Apa ya estaba abandonado.

Tilinguería de Schupp

En los últimos meses de 2009, Luis Aníbal Schupp planteó un recurso de amparo, reclamando la reapertura del Camino Real.
En aquella oportunidad explicó que San Carlos del Apa necesita contar con un camino directo a Concepción a fin de romper el ais-
lamiento.
El 27 de noviembre de 2009, el Juzgado de Primera Instancia rechazó la petición utilizando un argumento incuestionable: el camino no forma parte de la red vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Como soporte, Schupp presentó la resolución 03/86, del 2 de enero de 1986, firmada por el Ing. Juan H. Pettengill, director de Vialidad, declarando el camino “de dominio público”.
Primero, ya en 1986 no se conocía el trazado del camino reclamado, y segundo, surgieron leyes de protección ambiental.
Hasta hoy, Luis Aníbal Schupp esgrime el documento número 03/86 de la Dirección General de Vialidad. Una simple resolución no puede invalidar las leyes de impacto ambiental y de áreas silvestres protegidas. Un verdadero absurdo.
La medida cautelar se rechazó y para colmo, cuando se realizó la inspección judicial, ni siquiera el mismo peticionante pudo ubicar el trazado del Camino Real. Luis Aníbal Schupp no logró mostrar al juez por dónde iba el camino, por la sencilla razón de que dejó de existir hace 150 años.
Ahora surge una nueva intervención judicial, esta vez de la mano del comerciante Alexandre Sin Yu Wei, vendedor de productos electrónicos en Ciudad del Este.

Atropellos al Parque Nacional Paso Bravo

Alex Wei adquirió un establecimiento ganadero en el distrito de San Carlos del Apa, la estancia Villa Loma. El administrador de la estancia es Horacio “Pituco” Schupp, hermano de Luis Aníbal.
Alex Wei se encuentra bajo sumario de la Secretaría del Ambiente, por diversos atropellos al Parque Nacional Paso Bravo, según constataron fiscalizadores entre los meses de julio y agosto pasado.
Alex Wei inició acciones judiciales, reclamando servidumbre de paso con el argumento de que el Camino Real tiene que ser reabierto.
Esto quiere decir legitimar el atropello a Paso Bravo, puesto que el trazado que pretenden imponer por medio de acciones judiciales corta en dos al área protegida.
El viernes 10 de diciembre, el juez Oscar Cantero Zarza ordenó la reapertura de un camino que no existe para el Estado paraguayo.
Sabe que cometió un error y se excusa diciendo que la orden fue firmada en realidad por la jueza Matilde Rivas, a quien estaba interinando en el cargo.
Habría que ver si no existieron 30 millones de motivos para que impulse una acción sin dar participación ni a la Secretaría del Ambiente ni a la Fiscalía Ambiental.

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