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| Miguel O. Bajac |
Doña Alicia y su familia acudieron al exministro de la Corte Suprema de Justicia luego de que empresas ligadas al entorno del senador colorado cartista Óscar González Daher aparecieran en sus tierras del Chaco para reclamarlas como suyas. El entonces miembro de la máxima instancia judicial les prometió una mano, pero les hizo firmar un acuerdo en el que se comprometían a pagar la millonaria suma.
El acuerdo fue firmado en la escribanía del compadre de Bajac, Cayo Estigarribia. Como contraparte de los Garcete hicieron figurar al abogado José Álvarez, hombre de confianza del magistrado concepcionero.
Las tierras finalmente fueron arrebatadas a los Garcete y la ayuda prometida de Bajac nunca llegó. Eso sí, el dinero nunca fue devuelto.
Pero esta no es ni la primera ni la segunda denuncia de supuesta coima que salpica al hoy retirado Bajac. Desde el 2008 al menos en cinco ocasiones se mencionó a Bajac en denuncias así.
Otra usucapión
En 2008, Óscar Bajac y Sindulfo Blanco fueron señalados por una supuesta coima de US$ 200.000 en un juicio de usucapión.
La denuncia fue elevada ante el Tribunal de Ética por el abogado Hugo Allen, quien representaba a un ciudadano árabe despojado de una millonaria propiedad en Ciudad del Este.
Para concretar el despojo, aparecieron documentos fabricados que los dos ministros decidieron validar.
En aquellos días se relataba que la mayoría de los ministros tenía “operadores” en Ciudad del Este, de donde provienen los casos en los que hay en juego millones de dólares. Se mencionaba entre los “operadores” a Cristian González, funcionario de Bajac.
“Delincuente coimero”
Ese mismo, el abogado Fernando Levi Bueno denunció ante el PLRA a Bajac y lo señaló como “delincuente”, “prevaricador” y “coimero”.
El abogado presentó varias denuncias por prevaricato contra el exministro y aseguró que Bajac realizaba “toda clase de atropello a las leyes para obtener la coima como remuneración”.
Relató que lo había perjudicado en una acción de inconstitucionalidad en que estaban en juego unos G. 2.200 millones. Comentó que en ese caso “corrió dinero” y hablaba de una suma de alrededor de 100.000 dólares.
Pedido de cargo
En junio de 2010, el entonces titular de Aduanas, Javier Contreras declaró que Bajac acudió hasta su despacho para pedirle que nombre a un abogado como subadministrador del aeropuerto Guaraní (Minga Guazú), sitio de mucha recaudación impositiva.
En una entrevista con ABC Color, Bajac llegó a asegurar que no estaba mal el pedido y sostuvo que no se trató de un caso de tráfico de influencias y que no estaba mal lo que había hecho.
Para favorecer a narcos
En 2014, el nombre del alto magistrado apareció en tres memorandos hallados en la computadora del camarista Delio Vera Navarro. Los documentos detallaban un esquema para beneficiar a procesados por tráfico de drogas y constan que los fallos a favor de narcos tienen costo de US$ 660.000.
Era el desenlance de un proceso abierto por la liberación del narcotraficante Damián Delvalle, conocido como el “rey de la marihuana”, que se concretó el 13 de mayo de 2011.
Coimas a notarios
En julio de 2017, el entonces diputado cartista Ramón Romero Roa presentó una denuncia ante el pleno de la Cámara Baja del legislativo en la que señaló a varios miembros de la máxima instancia judicial por supuestos pedidos de coimas de hasta US$ 200.000.
El parlamentario dijo que Bajac, Torres Kirmser y Peña, miembros de la mesa examinadora de un llamado a concurso de 62 vacancias notariales, enviaron intermediarios entre los escribanos titulados que buscaban acceder a un número de registro notarial.
Afirmó que todo el proceso está viciado y que algunos de los magistrados habrían solicitado coima de 40.000, 80.000 y hasta 200.000 dólares a postulantes.
“Un telefonazo”
En un audio revelado por ABC Cardinal en diciembre de 2017, se escuchaba a Bajac conversando con su primo Humberto Albertini, quien le pasó el teléfono a su abogado Aníbal Larriera.
Larriera le pidió “una manito” al entonces ministro de la Corte Suprema para que su esposa pudiera ingresar como fiscala.
“Le voy a pegar un telefonazo (al entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón)”, llegó a prometer Bajac.
Larriera manejaba un caso judicial que afectaba al primo de Bajac y éste le pidió “máxima atención” en el caso a cambio de la “manito”.
Dinero por votos
En julio pasado, el facilitador judicial Rafael Ramírez cayó en un procedimiento encubierto con una coima de US$ 10.000, tras negociar venta de votos de Miguel Óscar Bajac (exministro) y el presidente de la Corte Suprema, Raúl Torres Kirmser.
El caso golpeó más a Bajac, debido a que el imputado Rafael Ramírez Doldán es un facilitador judicial, programa que estaba a cargo del jubilado ministro de Corte. Además, le une un trato familiar y son oriundos de la misma ciudad, Concepción.
El dinero había sido entregado por Neri Páez, representante de la firma Calagro que tenía un viejo pleito judicial con la Industria Nacional del Cemento (INC) que viene de la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, cuando hicieron trabajos para la cementera que no fueron pagados y se inició una demanda de US$ 40 millones.
Según Páez, cuando el caso llegó a la Corte, emisarios que invocaban al ministro Miguel Óscar Bajac le presionaban para sacarle dinero.
Páez añadió que se fue a la casa de Bajac en 12 ocasiones para conversar con relación al caso y que siempre le pedían dinero. Situación similar a lo relatado por la familia Garcete.
Páez denunció que Rafael Ramírez y Gustavo Franco, asistente de Bajac, fueron los que siempre le llamaban para pedir el dinero.
Al igual que los Garcete, relató que tuvo que firmar con abogados escogidos por el entorno de Bajac y a los que debía entregar dinero por supuestos pagos de honorarios.
Intentamos acceder a la versión de Bajac, pero sus teléfonos celulares estaban apagados.
ABC
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