Un aserradero abandonado, pero con todos los equipos necesarios para operar, fue hallado ayer en el establecimiento Ñu Po’i, perteneciente a la familia Campuzano. Se presume que los rollos extraídos de la reserva forestal de 10.000 hectáreas son llevados a ese lugar para ser vendidos. En el sitio fueron encontradas máquinas, una camioneta y un camión, entre otros elementos.
El Parque Nacional está ubicado a unos 130 kilómetros de la ciudad de Concepción.
La comitiva que realizó la intervención fue encabezada por los fiscales José Luis Casaccia y Richard Alarcón. Estuvieron acompañados por policías y militares, además de funcionarios de la Secretaría del Ambiente (Seam) y del Instituto Forestal Nacional (Infona).
En el establecimiento solo se encontraba un encargado, identificado como Donato Ramón González Núñez. El empleado aseguró que desde hace apenas 15 días está trabajando en el lugar y ni siquiera sabe el nombre de los propietarios de la estancia.
Además, el camino de unos 20 kilómetros que une el Parque Nacional Serranía San Luis con el establecimiento Ñu Po’i llamó la atención de los intervinientes. Se encuentra en perfectas condiciones y tiene signos de haber sido reparado recientemente.
El tramo ya existía, pero era una carretera antigua que casi no se utilizaba. Las evidencias encontradas en el sitio indican que todos los trabajos se realizaron para facilitar la salida de los rollos de añosos árboles de diferentes especies nativas de la reserva hacia los aserraderos.
En el tramo se construyeron varios puentes, y la inversión realizada por los madereros rondaría los G. 700 millones.
Según los investigadores de la tala indiscriminada descubierta el viernes 17 de este mes, los propietarios de inmuebles vecinos al parque nacional estarían implicados en el hecho.
Durante el operativo hallaron 1.000 rollos de especies nativas.
El primer establecimiento allanado fue Niño Potrero, donde los intervinientes no encontraron elemento que pudiera ayudar a encontrar a los responsables de la deforestación.
El otro inmueble fue Piro’y. En su interior fueron hallados postes y madera cortada, pero según informaciones cuenta con plan de manejo forestal. Además, se notó que los trabajos no son recientes.
Antecedentes del caso
Una comitiva fiscal, policial y militar pudo comprobar el pasado viernes 17 de este mes la tala de especies nativas por un valor aproximado a 1 millón de dólares (unos G. 4.350 millones). Se encontraron más de 1.000 rollos de especies como tajy, trébol, incienso, kurupa’y, yvyrapytã y otros.
El guardaparques Miguel Ángel Arriola, con 26 años de servicio, fue imputado por los fiscales José Luis Casaccia y Richard Alarcón. El funcionario se abstuvo de declarar y el juez Fabio Cabañas ordenó su reclusión en la Penitenciaría de Concepción.
Las investigaciones indican que desde hace unos cuatro meses se iniciaron los trabajos dentro del parque nacional, que tiene 10.000 hectáreas.
Fuente: ABC
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