Es de esperar que no sea un teatro

(ABC) Probablemente muy a pesar suyo, el presidente Lugo se vio en la obligación de promulgar la ley que dispone el estado de excepción en los departamentos de San Pedro y Concepción. Actuar en contrario hubiera significado ahondar en la población la percepción de que él no tiene ninguna intención de combatir al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

No obstante, más allá de los gestos, los mensajes cifrados y la sobreactuación, ahora sabremos si este Gobierno tiene realmente la voluntad política de sofocar por completo el accionar de los violentos. Es de capital importancia que el Presidente de la República asuma posturas claras y determinantes.

Probablemente muy a pesar suyo, el presidente Fernando Lugo se vio en la obligación de promulgar la ley que dispone el estado de excepción en los departamentos de San Pedro y Concepción. Actuar en contrario hubiera significado ahondar en la población la percepción de que él no tiene ninguna intención de combatir al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). No obstante, más allá de los gestos, los mensajes cifrados y la sobreactuación, ahora sabremos si este Gobierno tiene realmente la voluntad política de sofocar por completo el accionar de los violentos. 

En sí mismo y a la luz de la experiencia vivida en abril de 2010, no es seguro que el estado de excepción constituya un instrumento válido para combatir al EPP en la zona norte del país. De hecho, se parece más a una respuesta política efectista que a cualquier otra cosa. Se trata de una forma de justificarse ante la ciudadanía, haciéndole creer que algo se está haciendo para darle un tratamiento adecuado a la tan grave cuestión.    

Desde el punto de vista legal, el artículo 288 de nuestra Ley Fundamental estipula que el estado de excepción puede ser declarado “en caso de conflicto armado internacional (…) o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella”.    
En esta ocasión el Congreso Nacional declaró nuevamente el estado de excepción y el Poder Ejecutivo ratificó la decisión. No contento con ello, el Presidente ordenó una aparatosa y rocambolesca movilización de fuerzas militares rumbo al norte del país. Vehículos blindados Urutú, camiones y efectivos fueron despedidos del Comando del Ejército al son de marchas militares y con un encendido discurso del comandante operacional, general de brigada Félix Pedrozo Moreno.    
Al observar las imágenes del evento, cualquiera diría que los militares se estaban preparando para hacer frente a un ataque bélico de proporciones considerables, más que para contener y eliminar el accionar violento de un grupúsculo de fanatizados delincuentes. ¿Irán acaso a internarse los Urutú en los frondosos montes del norte para buscar y capturar a los miembros del EPP? Es probable que los criminales los esperen sentados tomando tereré. Todo este pomposo operativo parece tener por objetivo más bien distraer a la opinión pública con la intención de hacerle creer que el Gobierno se está “ocupando del tema” como corresponde.   
Se confía en la capacidad tanto del general Félix Pedrozo como del nuevo jefe de Policía de Concepción, comisario principal Antonio Gamarra. Sin embargo, si la preparación y la eficiencia de los mismos no van acompañadas de una indubitable voluntad política expresada por el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, el propio Lugo, para enfrentar con éxito el desafío, el estado de excepción pasará sin pena ni gloria, la zona continuará aterrorizada y dentro de unos pocos meses la ciudadanía continuará lamentando la pérdida de jóvenes vidas de policías.    
Para evitarlo, es de capital importancia que el Presidente de la República asuma posturas claras y determinantes. Es impropio e inaceptable de su parte, por ejemplo, recurrir a excusas fáciles para desviar la atención o atenuar su responsabilidad en esta grave materia. Esto acontece cuando él o la gente de su entorno alegan que el EPP es un tema “heredado del pasado” o que ningún otro gobierno hizo tanto como el de ellos para enfrentar a los violentos.    
Todos los gobernantes heredan algo, mucho o poco, de los anteriores, pero para eso justamente fueron electos por el pueblo, para acometer con más eficiencia y coraje la solución de esos problemas, no para que se parapeten cobardemente detrás de argumentos y pretextos infantiles. Si de lamentarse nomás se tratara, podríamos encontrar dificultades “heredadas” desde el mismo día en que el Paraguay fue descubierto.    
Lo que de una vez por todas la ciudadanía espera de Fernando Lugo es que se ponga los pantalones de un gobernante responsable y que asuma la más alta conducción política del país, demostrando en este caso que tiene la real determinación y la más inequívoca voluntad de suprimir la violencia que desde hace años se ha instalado y azota al norte del país. Sus subalternos en la cadena de mando castrense no deberían abrigar la más mínima duda al respecto; de lo contrario, todo esto no pasará de ser el montaje vulgar de una comedia de baja categoría.