(UH) A un mes de la
rimbombante intervención realizada por el Instituto Nacional de Desarrollo
Rural y de la Tierra (Indert) en Antebi Cué, ubicada entre los departamentos de
Amambay y Concepción, con el objetivo de recuperar tierras que se encuentran en
manos de personas que no son sujetas de la reforma agraria, hasta ahora no hubo
ningún avance en ese sentido y todo sigue igual.
El 6 de septiembre pasado, autoridades del
ente agrario, encabezadas por su titular Marciano Barreto, repartieron 756
notificaciones a ocupantes de tierras en Antebi Cué, con el objetivo de que los
mismos justifiquen su presencia en las tierras expropiadas a Roberto Antebi en
1995, que se conocen como Antebi Cué.
En la ocasión se constató la denuncia que
venía realizando este diario: estancieros, políticos y brasileños fungían de
propietarios de propiedades que fueron expropiadas para la reforma agraria.
Sin embargo, hasta la fecha no se realizó
ningún pedido de desalojo por orden judicial para estas personas, atendiendo
que los inmuebles debían ser destinados a los pequeños agricultores y ganaderos.
El
asesor jurídico del ente agrario, Bernardo Insaurralde, manifestó que la semana
antepasada llegaron las respuestas de todos los que fueron notificados por la
institución durante la intervención.
En
los documentos que las personas entregaron al Indert debían estar detalladas
fotocopias de sus documentos de identidad, a qué se dedican, cuántos animales
tienen, el tiempo que llevan en el lugar, si están en calidad de propietarios o
encargados, si tienen registros censales, y demás papeles que justifiquen su
ocupación.
"El
viernes antepasado recién pudimos obtener todos los papeles porque había
ocupantes que decían que no se les notificó. Nosotros sabemos que todos fueron
notificados y que esas son simples excusas para ganar tiempo", aseguró
Insaurralde.
Una
vez que el Indert obtuviera estos datos, debía realizar su actualización y a la
vez solicitar por vía judicial el desalojo de los irregulares.
NADA.
Sin embargo, el asesor jurídico indicó que
hasta ahora no tienen un número fijo de la cantidad de personas que deben ser
desalojadas o el número real de personas que están utilizando de manera legal
las propiedades.
Indicó
que entre el martes y miércoles próximos, los funcionarios llegarían hasta los
juzgados de Concepción y Amambay para iniciar los trámites que pueden durar
"hasta 20 años", si los abogados de los ocupantes irregulares ponen
trabas como lo son "las famosas chicanas".
"No
podemos hacer directamente el desalojo y decir que ya solucionamos el problema
porque esto es un proceso largo que puede durar hasta 20 años", explicó el
abogado.
Dijo
que no solo serán desalojados los extranjeros, sino también los paraguayos que
no trabajan exclusivamente en la tierra y que a más de eso tengan más de 300
hectáreas.
INTERVENCIÓN.
Las colonias intervenidas fueron 29 de Junio,
San Carlos, Bella Vista Poty, Norte Pyahú, del Departamento de Concepción.
Mientras que en el Departamento de Amambay, las colonias San Pedro, Nueva
Esperanza, Rinconada y San Isidro Labrador.
Los
campesinos que menor cantidad de tierras poseen fueron los más interesados en
justificar su presencia en los inmuebles, mientras que los grandes estancieros
ni aparecieron por el lugar durante la intervención.
De
acuerdo al Estatuto Agrario, para ser beneficiario de la reforma agraria uno de
los requisitos es ser ciudadano paraguayo y dedicarse a la agricultura.
BRASILEÑO SIGUE CAMPANTE EN TOLDO CUÉ
Durante la intervención del Indert en la
colonia Toldo Cué, Amambay, el 8 de setiembre se entregó un pedido de desalojo
administrativo a un comerciante brasileño de nombre Antonio Da Motta por el
hecho de no ser paraguayo, tal como exige el Estatuto Agrario.
El
extranjero ocupa poco más de 1.000 hectáreas en la zona, donde tiene ganado y
un coqueta casa, pero hasta ahora ninguno de los ocupantes abandonó el sitio.
El
ente agrario, por su parte, tampoco realizó el pedido de desalojo vía judicial,
ya que -según el asesor jurídico de la institución-, Bernardo Insaurralde, eso
no ocurrió porque se aguarda hacerlo de una sola vez con el resto de los demás
irregulares.
Aparte
de Da Motta, la casa también tiene como dueños a Saturnino Ferreira Vera (el
encargado) y a otras tres personas, Hugo Romero Sánchez, Juan Aveiro Cáceres y
Basilio Cárdenas, quienes también fueron notificados para desalojar por no
trabajar en la agricultura, ni vivir en el lugar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario