La existencia de familias con más de 150 cabezas de ganado que figuran entre los beneficiarios del subsidio económico, en el marco del programa social Tekoporã, pudo constatar un grupo de auditores internos de la Secretaría de Acción Social.
El trabajo de verificación se inició en agosto, en el departamento de Concepción.
Los auditores seleccionaron 53 viviendas para visitar y verificar si reúnen los requisitos exigidos para acceder a la ayuda monetaria.
Según el informe elaborado, muchas familias de la Colonia San Alfredo, por ejemplo, ni siquiera conocen el programa Tekoporã, y al ser consultadas si saben de dónde reciben el subsidio, mencionan que es de la SAS, pero significan que lo único que saben es que tienen que cobrar.
Al menos tres de las viviendas visitadas corresponden a familias con solvencia económica. Una de ellas, Juana Agüero de Valiente inclusive tiene una despensa, y en su casa, construida de material cocido, posee hasta acondicionadores de aire.
Otro caso es de Agapita Barrios de Alfonso, de la comunidad Lemó, de Belén, quien también es solvente económicamente, pero percibe el subsidio de la SAS. Su esposo es beneficiario del programa económico destinado a adultos mayores.
En Horqueta, el líder de los beneficiarios, Silvio Valenzuela, entregó a los auditores de la SAS una lista de familias con gran solvencia económica que también figuran entre los beneficiarios del programa Tekoporã.
En la nómina se menciona a Sadi Escobar, quien es propietaria de una funeraria; Lidia Pérez Acosta, poseedora de una estancia; mientras Teófila Díaz de Vega tiene 60 hectáreas de tierra y 70 cabezas de ganado.
Los resultados obtenidos llevaron a las autoridades de la Secretaría de Acción Social, a extender la auditoría a otros departamentos.
El pasado 24 de agosto, el ministro de la SAS Víctor Rivarola, basado en informe de intendentes, denunció ante la fiscalía supuesto pago irregular a 1.000 familias.
Daño de G. 10.000 millones
El ministro de Acción Social, Víctor Rivarola, y el asesor jurídico de la institución, Abog. Javier Pirovano, denunciaron el pasado miércoles 22 de agosto que habría un daño patrimonial del orden de los G. 10.000 millones por desembolsos monetarios realizados a nombre de personas no sujetas al Programa Tekoporã.
Señalaron que las irregularidades datan desde hace unos tres años y que los funcionarios encargados del control habrían hecho la “vista gorda”. Inclusive se habla que figurarían hasta personas muertas en la lista de beneficiarios.
Los documentos correspondientes fueron acercadas a la fiscalía de delitos económicos.
Fuente: ABC
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