El ente rural certificará a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) si las comunidades beneficiadas son del patrimonio del ente y sus habitantes, beneficiarios del Estatuto Agrario.
Justo Cárdenas, presidente del INDERT sostuvo que el acuerdo se enmarca en la responsabilidad moral y social de ambas instituciones de luchar contra la pobreza. “Existen falencias y necesidades sociales de antaño que no supimos responder en las últimas décadas".
Por su parte, el presidente de la Senavitat, Francisco Knapps, sostuvo que “buscamos que el Estado paraguayo llegue a los pueblos más necesitados y carenciados de las áreas rurales. Si queremos frenar la migración del campo a la ciudad no basta con entregar tierra, sino también otras condiciones de vida como la vivienda, acceso a la salud educación y fuentes de trabajo".
Inicialmente se priorizará al departamento de Concepción con las primeras nueve construcciones de viviendas, cuyas comunidades el Instituto deberá certificar si pertenecen a su patrimonio.
Fuente: La nacion
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