La empresa Kansol y Roswell era dueña de dichas tierras, hasta que en el 2015 fueron expropiadas para estas comunidades, luego de 25 años de litigio.
Pese a la expropiación, el traspaso y la titulación a favor de los nativos aún no están definidos, ya que un juez deberá determinar el monto del pago por indemnización de quienes fueron sus dueños.
Según el administrador de la referida estancia, Modesto Guggiari, hasta tanto no se pague la indemnización a la empresa nadie puede disponer de las tierras, sin embargo, denunció que hace dos años que los indígenas, unas 49 familias, ya se asentaron en los bosques y desde esa fecha que empezaron a talar los árboles que se encuentran en peligro de extinción para luego comercializarlos.
Según la denuncia, al menos diez tractores y varios acoplados se encargan de desmontar el quebracho colorado, especie resguardada por la Seam.
Durante la intervención fiscal, los compradores estaban en el lugar.
El mismo Guggiari manifestó, además, que los peones de la estancia, que hasta ahora se encuentran en el casco de la hacienda, reciben amenazas de parte de los indígenas y que quemarían toda la casa.
El líder Carlos Marecos y Leonardo González fueron imputados por delito ambiental.
Ante esta situación, el representante legal de la fundación Tierra Viva, encargada de proteger los derechos de esta comunidad, Óscar Ayala, sostuvo que al ser expropiadas las tierras en cuestión los indígenas ya pueden disponer de ellas y admite que al menos cuatro asentamientos ya fueron instalados en la zona y que se han reagrupado para tal fin.
UH
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