Los ediles Esteban Franco, Nereo García y Marcial Riquelme (ANR), y Hugo Argüello y Mario Herrera (PLRA) rechazaron el pedido de intervención a la administración del intendente Samuel González. Por esto, fueron escrachados el jueves por los pobladores de Arroyito, en Concepción. En la mañana de este viernes la Junta decidió convocar a una nueva sesión.
En la misma trataron nuevamente el pedido rechazado el día anterior y aprobaron la intervención con votos de mayoría. Esta vez, los liberales Argüello y Herrera votaron a favor, informó en NPY el corresponsal de Última Hora Justiniano Riveros.
Un grupo de ciudadanos que esperaba la salida del jefe municipal del Palacio de Justicia de la ciudad, celebró la aprobación en cuanto supieron de la noticia.
Samuel Acosta se retiró del sitio acompañado de su abogado, Joel Barrios, quien con un gesto indicó al intendente que no brindara declaraciones a la prensa.
Sin embargo, el letrado accedió a responder a las preguntas y cuando fue abordado sobre la intervención, dijo que “no tenía conocimiento de la situación”. Afirmó que fue contratado para que la Municipalidad de Arroyito siga funcionando normalmente y para evitar la exposición al peligro de los funcionarios.
“A mí me toca realizar el amparo donde se reclama la violación de los derechos de terceros, por la forma de realizar la protesta. Hay que tener en cuenta que la Municipalidad es institución pública y que las denuncias se tienen que hacer ante las autoridades correspondientes”, señaló.
El juez Mateo Amarilla concedió al intendente una medida cautelar, por la cual ordenó el despeje del local municipal para el ingreso del intendente y sus colaboradores.
A través de esa medida, Samuel González ingresó en la tarde del jueves al edificio municipal. Los manifestantes rodearon el local y a la salida del jefe comunal le arrojaron huevos, pese a la custodia policial.
Cientos de manifestantes escracharon a todos sus colaboradores y advirtieron que ya no permitirán que el intendente actual siga en el cargo.
Los pobladores accedieron a documentos públicos de la Contraloría General de la República (CGR) en los cuales hallaron facturas de pagos por cinco obras inexistentes por valor de G. 650.000.000.
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